Juez abre causa por injurias, tras ser acusado de corrupto

Después de hacerse pública en los medios de comunicación la denuncia de la doméstica Blanca Lira, el judicial Mena abrió causa en contra de su denunciante en el Juzgado Local Civil por el delito de injurias, juicio que a petición de Mena no es accesible a periodistas y particulares.

En un escrito presentado en el poder de Blanca Lira, dado que es parte en el proceso judicial, Mena señala: “Por la gravedad del ilícito, pido que conforme el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se restrinja este proceso el acceso a los medios de comunicación y el público, en virtud de la moralidad que atañe a funcionarios del Poder Judicial”.

La solicitud de Mena recibió una respuesta positiva en el Juzgado Civil, lo cual según el miembro de la barra de abogados Gary Bayres, defensor de la señora Lira, es una violación a la Constitución Política de la República, ya que a Lira no se le preguntó si también quería un juicio privado.

El juicio que se le sigue a esta humilde mujer es una restricción a la libertad de expresión y difusión de información para los periodistas establecido en el Código Penal, así como una prueba más que en Nicaragua, “estamos ante un Estado con Derecho, pero no un Estado de Derecho”, afirmó el abogado.

En el Tribunal de Apelaciones de Estelí, Bayres interpuso una demanda porque según él en el Juzgado Civil Local le restringen el acceso a documentación del juicio que se le sigue a su defendida. “Se me argumenta que no he sido nombrado abogado defensor oficialmente, pero la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a gozar de uno”. Dada la falta de recursos de la señora Lira, la Barra de Abogados de Somoto se ofrece a defenderla.

LA PRENSA abordó a la Sra. Blanca Lira, quien relató que su relación con Mena nace cuando se abre un juicio en el Juzgado que éste dirige, por homicidio en perjuicio de un vástago de Lira. En el trámite mediatorio del citado juicio, se estableció que la señora Lira recibiría 15,000 córdobas de parte del procesado por homicidio, dinero que fue depositado en el Juzgado.

Lira dice que cuando se presentó a retirar los 15,000 córdobas, que según ella aceptó porque es madre cabeza de familia con 11 hijos que mantener y otro que nacerá en los próximos días, el Juez Mena sacó una calculadora con la que empezó a hacer cuentas, y que supuestamente sólo le dio 13,500 córdobas, diciéndole que 1,500 quedaban en el Juzgado.

“El me dijo que tenía que dejar esos reales (refiriéndose a los 1,500), no le pregunté por qué, yo firmé un papel sin leerlo porque usted sabe que uno es humilde y le da pena preguntar, cuando ya me iba me dijo: tal vez nos volvemos a ver para que me regale una gaseosa. Entonces yo por agradecimiento le di 100 pesos”, narró la señora Lira.

“Cuando regresé a mi trabajo le dije a mi patrona que yo no sabía que en el Juzgado uno dejaba reales, entonces le conté lo que había pasado allí y me dijo que eso no debía ser y que denunciara en la radio al Juez, yo sólo digo lo que pasó, si él ahora me acusa, pues ni modo yo sólo digo lo que es”, concluyó.

La Jueza Civil Local, Lic. Noelia Ulloa, expresó que el caso se encuentra en una etapa inicial. Referente a los señalamientos de Bayres, señalo que efectivamente a Lira no se le ha preguntado si también quiere un juicio privado, porque el juicio aún no llega a esa etapa, pero que a solicitud de una de las partes, en este caso el Juez Mena, el juicio no es de carácter público.

Ulloa alega que el principio de privacidad está establecido en la Constitución y el Código Penal, en los artículos 14 y 126 respectivamente. La jueza dijo que no se le permitió acceso al expediente judicial del caso a Bayres y otros miembros de la Barra de Abogados que se presentaron al Juzgado, porque ninguno de ellos tiene poder legal para representar a la procesada, ya que el abogado defensor será nombrado por Lira cuando se le llame a declarar.

Cabe destacar que a principios de este año la Barra de Abogados interpuso una denuncia por prevaricato y corrupción ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), en contra de jueces y policías de Madriz y Nueva Segovia, por lo que con este proceso se remueven los señalamientos para los judiciales.

Los abogados excluyeron de sus acusaciones al Juzgado Local Civil de Yalagüina y Totogalpa; de Distrito en Somoto, y los Juzgados de Distrito del Crimen de Ocotal y Locales de Dipilto, San Fernando, Macuelizo, Santa María y Jalapa.

Los judiciales ante las denuncias de los abogados respondieron con una serie de pronunciamientos donde expresan que desempeñan sus cargos apegados a la moral y profesionalismo que exige el ejercicio de su oficio.