Informe Jerez

En vista de que agentes del Gobierno han publicado en campos pagados algunos comentarios al editorial de LA PRENSA del sábado 20 de mayo (“Informe Jerez”), diversas personas que no pudieron leerlo ese día nos piden que lo volvamos a publicar. Lo cual hacemos con mucho gusto, tomando en cuenta también que lo expresado en […]







En vista de que agentes del Gobierno han publicado en campos pagados algunos comentarios al editorial de LA PRENSA del sábado 20 de mayo (“Informe Jerez”), diversas personas que no pudieron leerlo ese día nos piden que lo volvamos a publicar. Lo cual hacemos con mucho gusto, tomando en cuenta también que lo expresado en ese editorial cobra mayor relevancia después de los emplazamientos que los donantes hicieron al Gobierno de Nicaragua para que proceda de verdad contra la corrupción y en vista de que la Contraloría está a punto de emitir su dictamen sobre los checazos de la DGI.


Esta semana se conoció un “informe preliminar de borrador sobre la emisión de las notas de crédito, emitidas por la Dirección General de Ingresos (DGI)”, que es la propuesta del sector oficialista de la Asamblea Nacional de dictamen de la Comisión Anticorrupción que investigó el escándalo de los checazos de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Se trata de un documento vergonzoso con el que se pretende desacreditar y deslegitimar las informaciones y denuncias debidamente documentadas que han divulgado los medios de comunicación independientes, entre ellos LA PRENSA, sobre las irregularidades administrativas y actos de corrupción en el Gobierno. En efecto, con el mayor descaro se asegura en ese documento que “muchas de las quejas que se hacen a instituciones y funcionarios públicos, se originan por revanchismo, resentimiento, personalismos, manipulaciones, rivalidades de cualquier tipo, incluso políticas, y demás elementos que conllevan a llegar a conclusiones de que algunas veces estas acusaciones contienen dudas razonables para ser aceptadas como veraces”. De modo que, según la indecorosa propuesta oficialista de dictamen sobre el escándalo de los checazos, lo único que hay es una inofensiva “responsabilidad administrativa” y recomienda que “se oriente a la Contraloría General de la República para que según su competencia establezca las responsabilidades correspondientes, al Director General de Ingresos, Lic. Byron Jerez Solís”.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que la Contraloría General de la República haya postergado para la próxima semana la presentación de las conclusiones de su investigación sobre el escándalo de los checazos, a pesar de que se había comprometido a hacerlo el 5 de mayo, primero, y el 19 de mayo, después, o sea antes de la reunión del Grupo Consultivo en Washington en la que supuestamente se va a calificar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno del Presidente Alemán en materia de gobernabilidad y transparencia.

¿Significa eso que la resolución de la Contraloría General de la República sobre los checazos será igual que la vergonzosa propuesta oficialista de informe de la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional? ¿Será capaz la Contraloría de limitarse a determinar una “inocente” responsabilidad administrativa y multar con tres meses de su sueldo nominal al director de la DGI?

Hemos dicho antes y repetimos ahora que este caso es una verdadera prueba de fuego y de integridad para la nueva Contraloría General de la República que está controlada por miembros del PLC y del FSLN. En lo que se refiere a la Comisión Anticorrupción, los diputados sandinistas han rechazado totalmente la vergonzosa propuesta oficialista de dictamen y anunciaron que van a presentar un dictamen de minoría, exigiendo la determinación de responsabilidades penales en el asunto de los checazos.

Pero en el caso de la Contraloría no sería suficiente un dictamen minoritario del representante sandinista, Dr. Pasos Marciacq, y del socialcristiano Agustín Jarquín Anaya. Todos los miembros de la Contraloría están obligados a elaborar y respaldar una resolución verdaderamente justa y de derecho, y por lo tanto lo suficientemente drástica para demostrar que en realidad tienen la voluntad de luchar contra la corrupción, por la transparencia y la integridad en el ejercicio del gobierno.

Cuando en febrero pasado el presidente de la Contraloría colegiada, Dr. Guillermo Arguello Poessy, hizo una visita de cortesía al Consejo Editorial de LA PRENSA en compañía del vicepresidente de la CGR, Lic. Francisco Ramírez, nos hizo recordar que el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal lo mencionó en su Diario Político como una persona honesta, y nos dijo que como tal actuaría al frente del órgano fiscalizador del Estado.

En realidad, el Dr. Chamorro Cardenal escribió en su Diario Político, el 5 de abril de 1976, que el Dr. Guillermo Argüello Poessy era una “persona entroncada con el Gobierno (somocista) pero que ha gozado fama de honrado y serio”. Muchas personas que conocen al Dr. Argüello Poessy, dan fe de que el actual presidente de la Contraloría ha hecho honor a esa “fama de honrado y serio” que mencionó el Director Mártir de LA PRENSA en su Diario.

Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, ante todo el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional

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