Un valioso aporte

Como se sabe, este programa consiste en que una empresa privada escoge a un centro escolar con graves necesidades de infraestructura y recursos para su funcionamiento, y los cubre de manera total o parcial. El objetivo es “solventar un poco los problemas que actualmente enfrentan los institutos, y la misión de los alumnos que son beneficiados es orientar a cada una de las empresas de los deseos que ellos tienen para continuar estudiando”, explicó la directiva de AMCHAM, Lorena Zamora. Pero el significado estratégico del programa es mucho más que eso.

En realidad, no sólo en Nicaragua sino también en muchas partes del mundo se desarrolla actualmente un proceso de disminución del peso del Estado en la sociedad, en beneficio de una creciente ampliación de la influencia del sector privado (empresarial y social) en ámbitos que eran de competencia estatal exclusiva.

Este proceso se basa en el concepto de que la democratización no debe limitarse a la tradicional intervención política de los ciudadanos en la organización de partidos y en las votaciones periódicas, sino que se extiende a la participación en tareas de asistencia social y en la provisión de servicios básicos a las comunidades, mientras el Estado se achica y deja de ser el poderoso y temible “ogro filantrópico”, del que escribió Octavio Paz.

De manera que la empresa privada ya no se ocupa sólo de sus tradicionales fines de crear riqueza, generar empleos, satisfacer al consumidor, desarrollar tecnología, obtener ganancias. Ahora también se está involucrando en diversas áreas de acción social, como lo está haciendo, por ejemplo, AMCHAM, en el ámbito de la educación pública, con el apadrinamiento de los centros escolares.

Y… temor al cambio

En el mismo sentido anterior hay que hablar del proyecto de “Ley de Participación Educativa” que preparó el Gobierno en consulta con las organizaciones gremiales, mediante el cual se pretende que los padres de familias asuman una efectiva participación en los asuntos educativos, inclusive en los aspectos organizativos y administrativos de las escuelas e institutos.

Se trata de un proyecto necesario y progresista, pero algunos sectores no están de acuerdo con la reducción del intervencionismo gubernamental en la educación ni en ningún otro ámbito de interés público, y temen a la transferencia de competencias del Estado hacia el sector privado empresarial y los ciudadanos organizados en asociaciones cívicas sin fines de lucro.

Quienes se oponen, en primer lugar, son los sectores izquierdistas, y en particular los sandinistas, que son estatistas por su propia naturaleza ideológica y por sus objetivos programáticos. En realidad, todavía hay quienes por formación ideológica siguen creyendo en un quimérico Estado paternalista y bondadoso que supuestamente vendrá a asegurar el bienestar social general; y en consecuencia, consideran que el gobierno tiene que hacerse cargo de todo lo que es de interés social. Sin embargo, por experiencia propia sabemos que el estatismo sólo conduce a regular y hasta a suprimir la libertad y los derechos individuales de las personas.

Por otro lado, tampoco se debe perder de vista que es por la misma naturaleza humana que muchas personas se oponen a lo novedoso y desconocido, hasta que por experiencia propia se convencen de sus ventajas.

En todo caso, los verdaderos riesgos que entraña la transferencia al sector privado y a los ciudadanos, de las funciones y servicios que tradicionalmente han sido competencia del Estado y el gobierno, son los de que los monopolios públicos sean sustituidos por monopolios privados, y que los consejos escolares sean subordinados a mezquinos intereses partidistas, lo cual es muy posible que ocurra debido a la confusión Estado-negocios-partido-sociedad en que se funda el actual gobierno.