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Las elecciones del Perú











 


Desafiando a la Constitución de su país y a la comunidad internacional, el presidente peruano, Alberto Fujimori, logró este domingo pasado ser reelecto para un tercer período presidencial.

Se recordará que Fujimori llegó por primera vez a la Presidencia del Perú en 1990. En esa oportunidad derrotó limpiamente al famoso novelista Mario Vargas Llosa, quien era considerado el candidato favorito. En 1992, el presidente peruano se dio un autogolpe y disolvió el Congreso. Hubo una gran protesta internacional que se calmó a los pocos días de iniciada. Después de eso Fujimori quedó firmemente instalado en el solio presidencial. En 1993 —con un Congreso escogido por él— reformó la Constitución y fue reelecto en 1995 para un segundo período presidencial de 5 años.

De lo sucedido en Perú cabe destacar dos hechos importantes. En primer lugar, que la voluntad continuista del presidente peruano no pudo ser frenada por la Constitución de 1993 que él mismo reformó y que prohibía una segunda reelección inmediata. En segundo lugar, que las presiones internacionales tampoco han sido —hasta el momento— suficientes para impedirle desvirtuar el proceso electoral. Veamos primero lo referente a la prohibición constitucional.

La Constitución peruana de 1979 —anterior a la actual— permitía la reelección, pero únicamente después de que hubiese transcurrido un período presidencial. Para salvar ese escollo que le impedía ser reelecto en 1995, Fujimori reformó la Constitución en 1993. Esta estableció en su Artículo 112 que “El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional”. Pero estableció, además, que debía de transcurrir otro período constitucional, como mínimo, para que el presidente pudiera postularse nuevamente a una segunda reelección. Tampoco esta vez se detuvo Fujimori. Hace unos meses el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —equivalente a nuestro Consejo Supremo Electoral, y controlado por él— “interpretó” la Constitución y le permitió postularse para una segunda reelección inmediata.

Pero Fujimori no sólo desafió la Constitución de su país. Desafió también a los Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a importantes miembros de la comunidad internacional, como Francia y Canadá, que le solicitaron que pospusiera la segunda vuelta electoral para dar tiempo a corregir ciertas irregularidades en el sistema de cómputos. Dos días antes del evento electoral el Jurado Nacional de Elecciones se negó a acceder a esas peticiones. Al día siguiente, el Presidente Clinton mismo criticó la decisión del JNE. Pero fue en vano. El proceso continuó y Fujimori ganó.

Ahora el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que considera inválida la elección y que “ningún presidente que pudiera resultar de un proceso tan irregular puede reclamar legitimidad”. Agregó además que “la manera cómo el régimen de Fujimori manejó este problema es una amenaza grave al sistema interamericano y su compromiso con la democracia”.

Lo que ahora está por verse es que si Estados Unidos tomará acciones concretas contra él y que si éstas serán lo suficientemente fuertes y duraderas para impedirle que se instale en un tercer período presidencial. Fujimori espera capear la tormenta. Ya lo ha hecho en el pasado. Él confía en que su estrecha cooperación con Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico hará que ese país cambie de parecer y desista de castigarlo. La OEA se reúne hoy. Ahí se verá qué tan dispuesto está el sistema interamericano para impedir la entronización de nuevas dictaduras en América Latina. Dos cosas son ciertas: Una es que la presión internacional por sí sola no bastará para hacer que Fujimori desista de su afán continuista a cualquier costo; será también indispensable y necesaria la protesta firme y prolongada de los peruanos, algo que no es seguro que ocurra. La otra es que el desenlace del caso peruano tendrá consecuencias en América Latina. Si Fujimori se sale con la suya, otros aspirantes a dictadores tratarán de emularlo.

Editorial
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