GUATEMALA (ACAN-EFE).— La pasividad con la que el Gobierno de Guatemala enfrenta el clima de inseguridad que se vive en el país mantiene preocupados a todos los sectores, incluida la Iglesia Católica, que critica la falta de un plan nacional de desarrollo que termine con la desconfianza y el desánimo. Mientras el Presidente de la República, Alfonso Portillo, elabora un programa integral para hacer frente a la criminalidad, empresarios, dirigentes humanitarios y los obispos alzaron ayer su voz por los hechos violentos que afectan a la sociedad.
En un pronunciamiento publicado el martes, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), dijo que hay “serios obstáculos” que impiden a los habitantes tener una vida pacífica y solidaria. Entre ellos mencionó la falta de un plan nacional de desarrollo que genere bienestar, especialmente para los más pobres, la lentitud en la puesta en marcha de los acuerdos de paz firmados en 1996, la impunidad, los monopolios y privilegios que tienen ciertos sectores. Aseguró que “las fuerzas fácticas ocultas en el país con la colaboración de otras fuerzas paralelas, continúan con los secuestros, no sólo porque generan dinero fácil, sino porque fomentan la desestabilización del país con el fin de lograr un cambio en la situación presente”. Los obispos expresaron su preocupación porque los intereses partidarios se anteponen a los de nación y denunció que existe “cierta incertidumbre e inquietud por algunas acciones dirigidas a fomentar el fanatismo religioso como ingrediente del liderazgo político”. “Se percibe cierto tipo de acoso a las instituciones eclesiales independientes”, señaló la CEG en su comunicado, en el que insta a todos los sectores a tomar decisiones que favorezcan la transformación de Guatemala. El presidente de la CEG, monseñor Víctor Hurgo Martínez, subrayó que el “pulso” entre Portillo y el presidente del Congreso y máximo líder del partido gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), general José Efraín Ríos Montt, “ha originado un marco de desestabilización en la sociedad.” Según los obispos, “es urgente el fortalecimiento de la sociedad civil y el reforzamiento de la institucionalidad del Ejército para que resista cualquier provocación de invertir el orden constitucional”. Sobre el pronunciamiento de la CEG, la portavoz gubernamental, Fernanda Castejón, comentó que el Gobierno está consciente de que el país atraviesa por graves problemas, pero aclaró que éstos son de hace décadas y que en cuatro meses que Portillo lleva en el poder no los puede solucionar todos juntos. Los empresarios y dirigentes humanitarios también criticaron la falta de un plan encaminado a garantizar la seguridad de la población y coinciden en señalar que la Policía Nacional Civil (PNC) es “incapaz” de controlar la criminalidad. La PNC está integrada por unos 15,000 agentes, pero según el ministro de Gobernación, Guillermo Ruiz, se necesita otra cifra similar para dar protección a los más de 11 millones de habitantes que tiene Guatemala. Los dirigentes de organismos pro derechos humanos se sienten desprotegidos por la pasividad de las autoridades para contrarrestar la ola de criminalidad. Los empresarios, por su lado, han pedido a las autoridades que detengan a los delincuentes que están generando zozobra e inestabilidad en Guatemala. La semana pasada, el Presidente de la República anunció que estaba estudiando la posibilidad de sacar a los militares a las calles para que apoyaran a las fuerzas de seguridad civil en el combate de la delincuencia. |
Iglesia critica a gobierno por inseguridad en Guatemala
Obispos señalan falta de un plan de desarrollo GUATEMALA (ACAN-EFE).— La pasividad con la que el Gobierno de Guatemala enfrenta el clima de inseguridad que se vive en el país mantiene preocupados a todos los sectores, incluida la Iglesia Católica, que critica la falta de un plan nacional de desarrollo que termine con la desconfianza […]