JORGE LOAISIGA MAYORGA
Un dictamen de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), emitido ayer, reconoce que hay lugar a imponer la destitución del Director General de Ingresos Byron Jerez, y se excusa de no poder establecer presunciones de responsabilidades penales para éste por carecer de evidencias y tener vacíos en las investigaciones realizadas por el ente fiscalizador en el caso del “checazo”.
Aunque se reconoce la existencia de actividades ilícitas engañosas, los juristas de la CGR dicen no poder establecer quiénes fueron los responsables de tales actos ilícitos por no contar con los elementos suficientes para determinarlo.
“La Contraloría se encuentra impedida de pronunciarse categóricamente y con mérito suficiente, en base a evidencias competentes y pertinentes sobre la existencia de un posible perjuicio económico para el Estado como producto de actividades ilícitas engañosas y, menos aún, para el señalamiento o imputación de los funcionarios responsables de tales ilícitos penales”, dice textualmente el texto.
De acuerdo al dictamen antes referido, el informe de Auditoría que analizó la emisión de 14 cheques de parte de PETRONIC a favor de personas jurídicas y naturales, establece serias responsabilidades y violaciones de procedimientos y normas de control tanto de funcionarios de la DGI como de PETRONIC.
El documento denominado “Dictamen Sobre Auditorías en la Dirección General de Ingresos”, señala que las anomalías encontradas acarrean supuestos perjuicios o daños económicos en la emisión de los cheques de PETRONIC y en los procesos de adquisición de 20 motocicletas de la DGI.
En base a eso la Dirección Jurídica de la CGR ordena una multa de hasta 473,439 córdobas contra el Director General de Ingresos, Byron Jerez.
“Se ordena proceder a emitir Glosas a reparos económicos en contra del Director General de Ingresos (C$473,439.66) y funcionarios de PETRONIC”, dice el mencionado dictamen.
En otra parte del documento que será analizado al final de esta semana por el Consejo Superior de la Contraloría se precisa que “no obstante las abundantes responsabilidades planteadas (en los informes de auditoría respecto a Jerez), que por su notoria y perjudicial reincidencia en el ámbito administrativo dan lugar a imponer sanciones administrativas graves de multa al grado máximo y destitución del cargo, tanto para el Director General de Ingresos como para el Gerente General de PETRONIC en ese entonces”.
El dictamen señala también las contradicciones en que cayeron el Director General de Ingresos, y Juan Alberto Gómez, en cuanto al lugar donde se cambió el famoso cheque 479 de 2.16 millones de córdobas emitido por PETRONIC a solicitud de la DGI a nombre de INISER y/o Juan Alberto Gómez y cambiado a dólares por Gómez en Multicambios para luego llevarlo al despacho de Jerez.
Este último dijo que se cambió en Multicambios, Gómez por su parte aseguró a la Contraloría que se hizo efectivo en BANPRO de Plaza Libertad.
“Que del contenido del informe se aprecia que esta operación específica presenta importantes irregularidades y vacíos investigativos, pues las declaraciones testimoniales del Licenciado Byron Jerez Solís y Juan Alberto Gómez Cubillo, que debían haber sido explícitas y aclaratorias para la Contraloría, fueron inconsistentes y divagantes, no precisando con exactitud el giro de los hechos y destino verdadero de las operaciones del cambio del cheque 479 y su posterior conversión al cheque de gerencia de BANPRO número 66832 con que la DGI pagó finalmente a INISER”, agrega en este punto el dictamen.
Según el documento, esos elemento aunados a la falta de información de parte de Multicambios, S.A., limita las investigaciones y no permite el esclarecimiento efectivo de todo el proceso en torno a los cheques antes mencionados.
El dictamen de la Dirección Jurídica de la Contraloría olvidó incluir en su análisis la emisión de los otros 13 cheques, si investigaron donde se incluyen los emitidos a favor de Modultecsa y/o Alberto González, Modultecsa y/o José Suárez, Constructora Vega y Salgado y/o Margarita Sánchez, Bussines Express y/o Mauricio Gómez, entre otros.
Por otra parte, la resolución no considera ni se refiere a la relación comercial y/o familiar del Director General de Ingresos con las empresas contratadas por la DGI, como Industrias El Cortijo, S.A., de la cual Jerez es socio, de acuerdo a documentos en poder de LA PRENSA o los negocios realizados con Miami Delivery and Cargo, propiedad del hermano del titular de la DGI, Gerold Jerez.
“Por no constar en autos ni el Expediente de Auditoría la vinculación fehaciente de dicho funcionario con tales empresas proveedoras de bienes o servicios a la DGI, que pueda inducir transacciones ilícitas”, dice el texto.
El documento de Ingresos, fechado el 31 de mayo, fue enviado por José Jesús Brenes Arcia, Director General Jurídico, Enrique Peña Hernández, Asesor Legal, Gustavo Adolfo Vargas, Asesor Legal e Ivania Urcuyo Bermúdez, Directora de Asesoría Legal al Presidente del Consejo Superior de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.