- El sentido institucional de nuestro Patrimonio Cultural involucra no sólo las categorías de bienes que ya eran protegidos; también se aventura a terrenos desconocidos para nuestra tradición jurídica
SALVADOR BALTODANO
El Patrimonio Cultural Nicaragüense no siempre gozó de un amplio o sólido régimen de protección jurídico o administrativo. Identificar cuál era el objeto de las normas en cada momento del devenir histórico, en qué ámbito debían aplicarse las mismas, qué limitaciones debían establecerse al Jus Abutendi de los particulares sobre la posesión de una riqueza nacional arqueológica que más que desentrañar o interpretar, cotidianamente se amenaza con extinguir o acabar de enterrar, ha sido un derrotero que ha marcado las tendencias proteccionistas de este siglo en Nicaragua.
Hoy, la conciencia institucional de lo que nuestro Patrimonio Cultural involucra, no sólo recoge las categorías de bienes que ya en el pasado eran protegidos; sino, que se aventura a terrenos desconocidos para nuestra tradición jurídica nacional sobre la materia, buscando cómo ampliar el espectro protectivo hacia todo lo que se reconoce emanando de nuestro ser nacional y que en el pensar de muchos, configura nuestra identidad.
La Constitución Política de Nicaragua en su artículo ciento veintiocho consigna la obligación del Estado de proteger “…el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación…”. Cierto es que en los gobiernos, de algún modo deben exteriorizarse esos principios finalistas de continuidad, perpetuidad, permanencia y bien común que son consustanciales a la noción del Estado; pero, ¿debe sobre los hombros de todo gobierno exclusivamente recaer el deber y la facultad de resguardar, proteger, conservar y promocionar el acervo patrimonial de un pueblo? Definitivamente no.
Es amplio en consecuencia, el escenario en que, por la protección del Patrimonio Cultural Nacional, pueden y deben confluir los supremos deberes y facultades de los gobiernos nacionales a través de sus instituciones, las particulares atribuciones de las Alcaldías Municipales en su ámbito territorial, y el individualizado y especial interés de la ciudadanía por conocer y defender esas evidencias del pasado sin las que es prácticamente imposible reconstituir con éxito la comprensión del presente. Que éste sea un reto permanente y actual, no cabe duda; y, en cómo lo enfrentaremos en un contexto mundial de globalización de los mercados y comunicaciones instantáneas, suscita la cuestión.
Según un informe reciente de la UNESCO, el tráfico internacional de bienes culturales ocupa después del narcotráfico, el segundo lugar en el rango de delitos planetarios, por lo que estamos ante una profundización de los delitos contra el Patrimonio Cultural de los Pueblos o lo que es lo mismo, ante un acelerado empobrecimiento de sus acervos culturales.
Evidente e inevitablemente esta situación nos lleva al siguiente corolario: que si el problema de la protección del Patrimonio Cultural trasciende las fronteras nacionales, la manera de enfrentarlo debe, por consiguiente, ser globalizada. Pero la estrategia que estoy pretendiendo prefigurar, claro es, no se agota allí. La continuidad de la discusión para determinar qué herramientas administrativas y jurídicas usaremos en un presente signado por impresionantes retos que imperativamente nos impone el advenimiento de un nuevo milenio, es y seguirá siendo, un punto permanente en la agenda nacional.
Para finalizar, en tapete queda la interrogante de si podremos convocarnos nacionalmente para hacerle frente a la monumental tarea de alcanzar la geografía nacional toda, no sólo para frustrar las intenciones de quienes consideran que como nicaragüenses, pueden tomar “la parte en la riqueza patrimonial les corresponda …para vivir de ella”, sino y sobre todo, para la procura de los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios que pongan en valor lo propio, en un concierto internacional que, por globalizado, de ningún modo debe desdibujar nuestro perfil identitario
El autor es Director de Patrimonio Cultural del INC.