“Propuesta de Ley de Acceso a Documentos Públicos es una trampa”

HUMBERTO MEZA El borrador del proyecto de ley que permitiría el acceso ciudadano a los documentos públicos viola dos artículos de la Constitución Política, al imponer una serie de procesos administrativos que más bien limitarían el acceso a la información oficial. De acuerdo al parlamentario y directivo de la Comisión de Educación, Jorge Samper, la […]

HUMBERTO MEZA

El borrador del proyecto de ley que permitiría el acceso ciudadano a los documentos públicos viola dos artículos de la Constitución Política, al imponer una serie de procesos administrativos que más bien limitarían el acceso a la información oficial.

De acuerdo al parlamentario y directivo de la Comisión de Educación, Jorge Samper, la iniciativa redactada por la Vicepresidencia de la República se adelanta a dos borradores anteriores, al incluir la información reunida en los archivos electrónicos, pero este “avance” pierde sentido, cuando la ley añade algunos procedimientos que debe seguir el ciudadano para acceder a esta información.

“La ley es una trampa completa porque lo central es que permite con palabras bonitas obtener cualquier tipo de archivo oficial, pero después impone varios procedimientos que te llevan hasta la Corte Suprema de Justicia sólo para que te den una fotocopia”, subrayó.

Según los artículos 52 y 66 de la Constitución Política, los nicaragüenses tienen iguales derechos de hacer peticiones oficiales de información, así como a acceder a cualquier tipo de información oficial por cualquier medio.

Sin embargo, los artículos 10 y 11 del proyecto de Ley de Acceso presentado por el Comité de Integridad —adscrito a la Vicepresidencia de la República— plantea que el procedimiento de solicitud de información comenzará ante la oficina de un ministerio para acabar en la Corte Suprema de Justicia, cuando la oficina niegue el acceso al documento requerido.

CAMBIA EL SENTIDO DEL PROYECTO DE INCO

De acuerdo al parlamentario, las limitaciones se acentúan cuando en el artículo 12 del borrador plantea que si la oficina a la que se le pidió la información no responde en un plazo de 30 días, se entenderá que la solicitud fue rechazada, lo que es un cambio fundamental del proyecto propuesto por el Instituto de la Comunicación, ya que éste daba un plazo de 10 días para dar respuesta y de no haber, se entendería que la solicitud fue aceptada.

El proyecto de Ley de la Vicepresidencia dice que en caso de no haber respuesta se recurrirá a los tribunales de lo Contencioso Administrativo, que no estarán vigentes hasta dentro de 16 meses.

“Solamente en el caso que el tribunal de lo contencioso entendiera que la denegatoria o el rechazo es infundado, o que la clasificación de documento de seguridad fue irrazonable, se ordenará el acceso a los datos”, puntualiza el texto.

LARGA LISTA DE DOCUMENTOS “SECRETOS”

El proyecto clasifica nueve tipo de documentos considerados “secretos”, que van desde las licitaciones de proyectos e informes financieros, hasta documentos relacionados a la seguridad militar y los archivos médicos de funcionarios públicos.

“La autoridad judicial deberá en todos los casos, adoptar las medidas necesarias para la preservación del secreto, durante la tramitación respectiva, no pudiendo las actuaciones, datos, documentos o expedientes, ser exhibidos al solicitante, ni a ninguna persona diversa al magistrado judicial”, señala el proyecto.

Para Samper, “con este artículo le dan la oportunidad al Estado para denegar la solicitud, y en la mayoría de los casos no obligan al funcionario a dar a conocer la información oficial. Por el contrario, llevan el caso hasta la CSJ, y ya sabemos lo que esto significa en asuntos de tiempo, aún más cuando la ley da un plazo de tres meses para esos procedimientos”.   

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