HUMBERTO MEZA
El desarrollo de la narcoactividad en Nicaragua podría empujar a la delegación del gobierno nicaragüense a ceder facultades a la Agencia norteamericana de lucha Antidrogas (DEA), para capturar lanchas rápidas en territorio nacional.
Una representación de Cancillería nicaragüense y el Ejército de Nicaragua reactivó en marzo los contactos con Estados Unidos, con el fin de concluir con la firma de un tratado bilateral en la lucha antidrogas, sin permitir violaciones a la Constitución Política nicaragüense.
Sin embargo, las recientes informaciones que confirman una penetración del cartel de Cali en Nicaragua apuró las negociaciones que de acuerdo al Jefe del Ejército, general Javier Carrión, consiguen reforzar las capacidades del país para capturar las lanchas rápidas del narcotráfico.
Si bien las negociaciones son manejadas por Cancillería, el jefe militar detalló que recomendarán la solicitud de recursos al Ejército de Estados Unidos para incrementar la capacidad de la fuerza naval nicaragüense, sumado a una iniciativa de reformas al Presupuesto General de la República para adquirir nuevas lanchas en la franja del Atlántico.
“En marzo nos dimos cuenta que los norteamericanos pueden sobrevolar con sus aviones y con sus guardacostas detectar las lanchas rápidas, que es la principal amenaza que tenemos desde el punto de vista técnico. Ellos, para no ser detectados por supuesto, botan la droga. La estrategia de las fuerzas armadas en Nicaragua, es potenciar a la fuerza naval con alguna lancha de intersección y que participemos en la captura”, agregó.
La firma del tratado bilateral despertó suspicacias en el Parlamento a finales de 1998, argumentando que el ingreso de tropas norteamericanas violaría la Constitución Política.
Sin embargo, la situación se superó cuando en el marco de las negociaciones, ambos países definieron la lucha antidrogas como un acto humanitario para levantar cualquier prohibición constitucional.
En el marco de estas pláticas, Carrión compareció ante la Comisión parlamentaria de Defensa y Gobernación, para explicar la situación jurídica de las negociaciones y solicitar a la vez la aprobación de cuatro iniciativas de ley de la agenda militar, que incluye la ley de ordenamiento de tribunales militares, ley de delitos militares y el reglamento disciplinario militar.
PARLAMENTO CALLA
A pesar de los esfuerzos militares en la lucha antidrogas, el Poder Legislativo guarda desde 1998 un dictamen de la Comisión parlamentaria antidrogas, redactado a la luz de las investigaciones policiales con la aparición del Lear-Jet 35, mejor conocido como “narcojet”.
Según el diagnóstico legislativo, en Nicaragua existen “serios desaciertos” en el manejo de las coordinaciones de distintas instituciones que deben enfrentar el fenómeno de la narcoactividad.
“La Asamblea cree que es causa de preocupación, la falta de sanción de los involucrados en este tipo de delitos. Hacemos un llamado al Poder Judicial y a la Procuraduría General de Justicia, a fin de que realicen los mejores esfuerzos con la finalidad de que estos delincuentes no puedan salir absueltos”, agrega el dictamen engavetado en la Secretaría del Parlamento.
DICTAMEN DE COMISISON ANTICORRUPCION ENGAVETADO EN DIRECTIVA AN
Entre 1990 y agosto de 1998 la Policía Nacional ha trabajado en 12 casos de tráfico internacional. De las 80 personas que han sido procesadas, solamente una se encuentra condenada
La Policía tiene registrada la existencia de 853 expendios en todo el país. El aproximado de clientes en cada expendio es de 11.5 personas por día, cuya relación supone una cantidad de 9,734 consumidores diarios.
Nicaragua aún no cumple sus compromisos internacionales en materia de narcotráfico, entre otros la Estrategia Antidrogas del Hemisferio, aprobada en Argentina, y el Plan de Acción ordenado por la Sesión General de la ONU en junio de 1998.