La industria textilera y de la confección de vestidos es una de las más protegidas en los Estados Unidos contra la competencia extranjera. Eso hace que los consumidores estadounidenses tengan que pagar un sobreprecio de aproximadamente 24,400 millones de dólares anuales en las telas y prendas de vestir que compran. Los beneficiarios de ese sobreprecio son los textileros y fabricantes de ropa que tienen sus fábricas en ese país. Otros beneficiarios son los sindicatos de esas industrias cuyos obreros ganan cerca de 9 dólares por hora. Ahora bien; si una mayor proporción de los textiles y de la ropa que se consume en los Estados Unidos se produjera en el extranjero –en Nicaragua, por ejemplo– nos beneficiaríamos nosotros y los consumidores estadounidenses.
En esa dirección apunta una ley que el 18 de mayo recién pasado firmó el Presidente Clinton. Dicha ley amplía los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (IIC) en lo que a la industria del vestido se refiere, y favorece –potencialmente– a Nicaragua y a otras muchas naciones que podrán aumentar sus exportaciones al mercado norteamericano. Claro está que la mano de obra nicaragüense se beneficiará siempre y cuando se construyan aquí más zonas francas y se persuada a empresas de esa industria a que se instalen en ellas.
Esa ley, sin embargo, no ha sido bien recibida por los grupos que actualmente se benefician del sobreprecio arriba mencionado, estando éstos dispuestos a dificultar –y si es posible hasta impedir– que nuevas plantas maquiladoras de ropa se instalen en países como el nuestro. Pero para encubrir ese propósito, los representantes de esos grupos de interés se presentan como defensores de los derechos humanos y laborales de los trabajadores extranjeros. Así vimos cómo la semana pasada el director de una ONG estadounidense –el Comité Nacional Laboral– estuvo en Nicaragua para demostrar, según él, la explotación a la que son sometidos los trabajadores de las zonas francas, y para amenazar con impedir que Nicaragua se beneficie de la nueva ley de la ICC. Para hacer su “demostración” manipuló datos de salarios mínimos, comparando maliciosamente, por ejemplo, el salario por hora de un trabajador en Israel con el de uno en Nicaragua.
El Comité Nacional Laboral se fundó en 1981 para apoyar a grupos de izquierda en Centroamérica mediante la oposición activa a la política exterior de su país. En 1992 participó en una ofensiva que algunos grupos económicos de los Estados Unidos montaron para que el Congreso norteamericano aprobara una reforma del AID que dificulta la inversión estadounidense en el exterior. Ellos alegan, por supuesto, que todo lo hicieron con el único interés de defender los derechos humanos y laborales de nuestros trabajadores, cuando lo que en realidad lograron fue impedir que las fábricas dejaran los Estados Unidos y que se establecieran aquí.
No cabe duda que todos quisiéramos que nuestros trabajadores ganaran un salario mayor al que actualmente devengan, y que ese salario fuera tan alto, no sólo como el de un obrero en Israel, sino como el de un obrero en los Estados Unidos mismos. Pero sabemos que eso no puede determinarse por decreto. El nivel de salarios depende de muchos factores que están fuera del control de Nicaragua y que tienen que ver con el mercado, la productividad de la mano de obra, la educación, el grado de riqueza del país, etcétera.
Por eso debemos de ser cautelosos y no dejarnos engañar por gente que –so pretexto de ayudar a nuestros trabajadores–, lo que hacen es defender los intereses de grandes empresas y de poderosos sindicatos estadounidenses que temen perder sus cuantiosos beneficios si dejan que se establezcan aquí industrias del ramo en el que ellos operan.
Ciertamente que la maquila de prendas de vestir no es el grado máximo de industrialización al que debemos de aspirar en Nicaragua, pero en esta etapa de nuestro desarrollo, muchos de nuestros compatriotas desempleados se beneficiarían grandemente de la instalación en nuestro suelo de plantas de ese tipo. Podemos estar seguros que el director del Comité Nacional Laboral quiere evitarlo