- Es posible que Jerez sea obligado a devolver $44,573 dólares al Estado y que destituyan también a Jorge Solís, ex gerente general de PETRONIC
EDUARDO MARENCO Y JORGE LOAISIGA
La Contraloría General de la República podría remitir a un juez el expediente sobre los catorce cheques emitidos por la empresa nicaragüense del petróleo PETRONIC, después de establecer responsabilidad civil y presunción de responsabilidad penal sobre los principales funcionarios públicos implicados, según dijo ayer el contralor colegiado sandinista, José Pasos Marciacq.
La responsabilidad civil implica que un funcionario público devuelva al Estado la cantidad de dinero que hubiese perdido el erario.
El dictamen jurídico sobre auditorías en la DGI, remitido por José Jesús Brenes García al presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, ordena “proceder a emitir glosas (cobros perentorios) a reparos económicos en contra del director general de ingresos (Byron Jerez) hasta por la suma de C$473,439.66 córdobas”, equivalentes a $44,573 dólares, por el supuesto perjuicio económico del Estado al emitir varios cheques a favor de “Bussiness Express” por concepto de compras de veinte motocicletas, que según la Contraloría, no fueron debidamente justificadas y soportadas.
El dictamen jurídico también señala que las anomalías dan pie a imponer “sanciones disciplinarias graves de multa al grado máximo (seis meses de salario) y destitución del cargo tanto para el director general de Ingresos y el gerente general de PETRONIC en ese entonces”.
El gerente general de PETRONIC y quien autorizara varios de los cheques es Jorge Solís, actual presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Teléfonos (ENITEL). Jerez era a su vez presidente de PETRONIC.
El proyecto de resolución de la Contraloría ya está en manos de los contralores colegiados, quienes votarán el miércoles de forma individual sobre las responsabilidades a establecer a cada funcionario público. Los demás contralores no han querido opinar sobre el caso.
PASOS MARCIACQ “TIMIDO”
Aunque el contralor colegiado no quiso anunciar la posición que defenderá sobre el caso de los “checazos” en la reunión del miércoles, dijo que es “posible” un escenario en que la Contraloría establezca responsabilidades más allá de las administrativas y remita el expediente a un juez para que esclarezca las interrogantes que la auditoría no logró desvanecer.
En el caso de los “checazos”, que suman un total de C$6.3 millones de córdobas, la Contraloría no logró conocer el destino final de ese dinero convertido a dólares en Multicambios, debido a que esta casa de cambio de divisas se negó a brindar información amparándose en el sigilo bancario.
Al mismo tiempo, la DGI y PETRONIC se negaron a entregar los originales de los catorce cheques para que la Policía Nacional pudiera determinar que los endosos correspondían a una sola persona o a cada uno de sus supuestos beneficiarios: Juan Alberto Gómez, Margarita Sánchez, Mauricio Gómez, José Suárez, Alberto González y Pablo Martínez.
“Nosotros podríamos decir al juez: aquí tiene, hay responsabilidades civiles y presunción de responsabilidades penales, usted señor juez termine (la investigación) y haga la sentencia… Lo más que podamos hacer es agarrar el expediente y llevárselo al juez y decirle aquí tiene… Las leyes en Nicaragua son bien claras. Si un juez manda a llamar al representante de un banco para que entregue determinados documentos, él tiene que entregarlos”, afirmó Pasos Marciaq.
“¿Si se lo mandamos al juez nos lavamos las manos?… No creo… Nosotros no podemos seguir la investigación pero el juez debe seguir la investigación”, afirmó Pasos Marciacq quien reconoció que después de las indagaciones del ente fiscalizador todavía quedaron flotando muchas preguntas en el caso.
ESCOBAR ASUMIRÁ LA DGI
Pasos indicó que ayer los contralores entregaron a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional la propuesta para la reforma de su Ley Orgánica, incluyendo que se otorgue la facultad a la Contraloría de auxiliarse judicialmente en casos de que un banco no quiera dar información amparándose en el sigilo bancario.
Añadió que en la reforma a la Ley de Probidad, la Contraloría está solicitando que las declaraciones de probidad de los funcionarios sean públicas y no privadas. “Queremos añadir otro agravante, que cuando el funcionario público termine su período cinco años después pueda ser procesado y cuando se retire del puesto tenga que justificar el aumento de su patrimonio”, afirmó.
Fuentes de la DGI confirmaron a LA PRENSA que el subdirector de esa institución, Rodolfo Escobar, será nombrado como el nuevo titular luego de la renuncia de Jerez al cargo.