- Recomienda mandar expediente a un juez penal para profundizar investigaciones
- Refiere que no se demandó el Auxilio Judicial para romper el sigilo bancario en “checazos”
EDUARDO MARENCO
La Auditoría que la Contraloría General de la República efectuó en el caso de los 14 “checazos”, resultó ser “diminuta, incompleta y defectuosa”, por lo que las diligencias realizadas deben ser remitidas a un juzgado penal para que complete las investigaciones, considera el consultor jurídico externo del ente fiscalizador, Gustavo Adolfo Vargas.
El abogado sentó su posición en un Memorándum “confidencial” enviado el primero de junio del 2000 al presidente de la Contraloría colegiada, Guillermo Argüello Poessy, titulado “Dictamen sobre auditorías en la Dirección General de Ingresos (DGI)”, cuya copia está en poder de LA PRENSA.
El Memorándum confidencial contiene doce puntos que detallan las inconsistencias de la auditoría de la Contraloría. Uno de ellos establece que “si los auditores y juristas de esta Contraloría no pudieron deducir presunción de Responsabilidad Penal, es que no utilizaron correctamente los mecanismos deductivos, o porque la auditoría fue incompleta”.
Los borradores que logró conocer LA PRENSA no reflejan, por ejemplo, que el dueño de “Miami Delivery y Cargo” –la empresa que vendía artículos a la DGI–, es Gerold Jerez, hermano de Byron Jerez, titular de la DGI.
Tampoco reflejan que Industrias El Cortijo, que recibiera un cheque equivalente a los $25,000 dólares por PETRONIC, bajo instrucciones de Jerez, es una sociedad anónima legalizada en Panamá, cuyo poder general está en manos del propio Byron Jerez.
De acuerdo al análisis jurídico de Vargas y un grupo de abogados, “consideramos que la auditoría fue DIMINUTA por abarcar un período demasiado corto, ya que si estábamos investigando irregularidades habría que ampliar a un período anterior y posterior”.
La Contraloría se limitó a indagar la emisión de los catorce cheques y no investigó la emisión de notas de crédito durante toda la administración de Byron Jerez, director de la DGI.
AUXILIO JUDICIAL
Vargas señaló además que “no se solicitó auxilio judicial cuando los funcionarios públicos y privados se negaron a colaborar con la Contraloría”, como sucedió con la casa de cambio Multicambios, el Banco de la Producción (BANPRO) y la empresa nicaragüense del petróleo PETRONIC.
El artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría, citado por Vargas, señala que las personas que rehúsen como testigos rendir declaración o exhibir documentos, pueden ser obligadas a hacerlo con apremio corporal, de acuerdo a lo especificado en el Código Civil.
“No fueron investigadas todas las personas físicas a nombre de las cuales salieron los cheques. Se debió haber solicitado el auxilio del Consejo Supremo Electoral que tiene el registro de todas las cédulas de identidad emitidas hasta la fecha, igualmente que las partidas de nacimiento de los ciudadanos de esta República. Como las personas citadas en este informe a nombre de las cuales se giraron los cheques no respondieron al llamado de esta institución, podríamos haber presumido que se trata de fantasmas”, señala el consultor jurídico.
Se refiere a las siguientes personas: Margarita Sánchez, Mauricio Gómez, José Suárez, Alberto González y Pablo Martínez, quienes fueron citados a través de edictos publicados en los medios de comunicación, pero no aparecieron a declarar.
Añade el análisis que “no hubo peritaje caligráfico policial para determinar si los cheques cambiados fueron firmados por la misma persona. PETRONIC se negó a suministrar los cheques originales solicitados por la Policía; y esta institución no solicitó el auxilio judicial para obligar a los funcionarios de esa institución a suministrarlos”.
De hecho, un peritaje caligráfico efectuado por la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional, a solicitud de la Contraloría, bajo la administración de Agustín Jarquín, confirmó que “es probable” que trece de los catorce cheques emitidos por PETRONIC hayan sido endosados por una misma persona, la cual habría firmado haciéndose pasar por Mauricio Gómez, José Suárez, Pablo Martínez, Alberto González, Arnoldo Ríos y Juan Alberto Gómez.
Sin embargo, el peritaje del laboratorio de criminalística efectuado el nueve de septiembre de 1999, se basó en fotocopias de los cheques endosados, ya que PETRONIC no quiso entregar los cheques originales.
CASO A LOS TRIBUNALES
A juicio de Vargas, “corresponde a la justicia ordinaria completar nuestras investigaciones y realizar las indagaciones correspondientes en el presente caso. Por lo tanto debe remitirse copia certificada de las presentes diligencias al Juzgado Penal correspondiente para su investigación y a la Procuraduría General de Justicia para que proceda en representación de los intereses del Estado”.
Entre las deficiencias, Vargas también encontró que no se tomaron en cuenta los documentos de trabajo de la anterior auditoría iniciada por el ex contralor Agustín Jarquín y que no fue llamado a declarar el director del Diario LA PRENSA, ni los periodistas que investigaron el caso, por lo que se debió solicitar el auxilio judicial para “obligar a los medios a suministrar esa importante documentación”.
“Los testigos se contradijeron en sus declaraciones rendidas en esta institución (Contraloría), igualmente que las declaraciones hechas ante la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, razón por la cual se debió haberlos citado nuevamente para que ampliaran sus declaraciones y aclararan sus contradicciones”, recalca Vargas.