Pretenden reducirmultas de tránsito

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  • Dictamen de Asamblea sólo pena fuerte a quienes conducen ebrios o drogados

HUMBERTO MEZA

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Pretenden reducirmultas de tránsito





Dictamen de Asamblea sólo pena fuerte a quienes conducen ebrios o drogados

HUMBERTO MEZA


La controversia entre la Policía Nacional y el Poder Legislativo por la aplicación de multas de tránsito, podrían terminar la próxima semana con la aprobación de una nueva Ley de Tránsito que ordena la reducción de la tarifa de infracciones hasta un mínimo de 50 córdobas.

Según el dictamen de las comisiones legislativas de Infraestructura y Gobernación, en poder de LA PRENSA, los legisladores interpretan las infracciones como un tributo del ciudadano, contradiciendo los argumentos de la Policía Nacional que define las multas como una sanción regulada sólo por el Poder Ejecutivo.

La controversia surgió a finales de 1997 con la aprobación del decreto 278, que ordenó el incremento de las multas hasta un mínimo de 600 córdobas, generando ganancias a la Policía por más de 2 millones de córdobas anuales.

Para la Policía, las multas no pueden estar sujetas a una ley porque afectarían los procesos de integración económica del istmo centroamericano, ante una posible paridad de la moneda, pero ese argumento es rechazado por los diputados.

“La multa es un tributo y por lo tanto la Asamblea Nacional debe establecerlo. Si no lo hace la Asamblea estaríamos cayendo en una inconstitucionalidad, de manera que el actual decreto de las multas puede ser derogado legítimamente en un dictamen”, consideró el presidente de la Comisión de Gobernación, William Mejía Ferrety.

Para Manuel Gutiérrez, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Católica (UNICA), los parlamentarios no pueden decidir por el destino ni la aplicación de sanciones administrativas que no tienen carácter fiscal.

Un estudio parlamentario que sirvió de base para la redacción del dictamen, demuestra que el incremento de las multas de tránsito apenas sirvió para incrementar el porcentaje de infracciones de particulares, y reducirlas en el caso del transporte público.

Entre enero de 1999 y febrero del 2000, la Policía Nacional reportó la aplicación de 78,555 infracciones de tránsito, de las cuales un 85 por ciento fueron impuestas a particulares en contraste con un once por ciento que se ordenaron a conductores de buses y un cuatro por ciento a choferes de taxi.

Para la comisión, las cifras revelan un incremento de violaciones a la ley por los usuarios, a la vez que faltó una verdadera política de prevención de accidentes y campañas de educación vial, además de poca inversión en la red vial.