BURLA

Además de Jerez, la Contraloría ordenó la destitución de su cargo de Jorge Solís Farias, ex Gerente General de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) y actual Presidente de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), así como de Nervardo Argüello, actual Gerente General de PETRONIC.

Este último se negó a colaborar con la Contraloría General de la República, al no presentar los originales de los 14 cheques emitidos por PETRONIC hasta por un monto de 6.3 millones de córdobas a nombre de personas naturales jurídicas, a mediados de 1998.

La CGR necesitaba los originales de los cheques, para que la Policía practicara un peritaje caligráfico en las firmas de los endosos, a fin de determinar si pertenecía a una misma persona.

La sesión de la Contraloría, que la nación esperó en vilo, arrancó a las 8:30 de la mañana y sólo bastaron un poco más de tres horas para emitir una Resolución cuestionada por dos de los contralores –especialmente por Agustín Jarquín– y respaldada en su totalidad por los tres miembros restantes, propuestos meses atrás por el Ejecutivo.

En la conferencia de prensa, transmitida en vivo por televisión, fueron evidentes las contradicciones entre los miembros y la poca consistencia de los argumentos jurídicos y políticos por parte del Dr. Guillermo Argüello Poessy y de Francisco Ramírez.

OPOSICION DE DOS CONTRALORES

Entre las leyes que violó Jerez, según la Resolución, están la misma Constitución Política de Nicaragua, la Ley Orgánica de la Contraloría, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y la Ley de Justicia Tributaria.

“Esos no son elementos favorables para que permanezca como servidor público”, comentó el Vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría, Francisco Ramírez, quien luego insistió en que no había cabida para presunciones civiles ni penales.

Por su parte, Agustín Jarquín, miembro de la Contraloría, se pronunció por remitir el caso a la Procuraduría de Justicia para que se aclararan las dudas que quedaron en la investigación, asimismo, indicó que había suficientes mérito para establecer presunción de responsabilidades penales contra Jerez y Jorge Solís, ex gerente de PETRONIC y actual Presidente de ENITEL, así como contra cinco personas naturales que fueron beneficiarias de varios de los cheques.

“Por las dudas que a la fecha prevalecen, contradicciones en las declaraciones ante notario y falta de cooperación evidente con el equipo de auditores, se debe presumir presunción de responsabilidad penal para los titulares de la DGI y PETRONIC”, dice el razonamiento de Jarquín José Pasos Marciaq, por su parte, argumentó que la investigación no debía cerrarse porque había sido demasiado limitada y que los resultados de las investigaciones no satisfacían los requerimientos de la Contraloría.

ARGUELLO POESSY EN APUROS

Mientras tanto, el Presidente del Consejo Superior del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, sostuvo que por no existir ninguna evidencia que establezca presunción de responsabilidad penal, el caso no se pasa a las autoridades judiciales.

“…no existe ninguna evidencia de responsabilidad penal”, aseguró después de brindar una “lección” a los periodistas sobre la diferencia entre lo que es un indicio y una evidencia en materia jurídica.

“Por esa razón nosotros creemos que no debe hacerse ninguna remisión al señor procurador. Lo que ganaríamos con eso es que me la devuelva al día siguiente”, agregó.

“Esta Contraloría General de la República no ha encontrado ninguna evidencia que aquí se cometió algún hecho delictivo, si usted lo sugiere, yo estoy de acuerdo con usted, en vez de decir evidencias, la ley debería decir indicios, pero desgraciadamente no somos legisladores”, insistió Argüello.

Al consultar a Argüello sobre el porqué los auditores de la Contraloría no solicitaron el auxilio judicial para poder tener acceso a la documentación que se negó a brindar, tanto la casa de cambio MULTICAMBIOS como el Banco de la Producción (BANPRO), dijo que no existen leyes que faculten a la entidad para pedir el auxilio judicial.

Sin embargo, el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría establece la facultad al ente fiscalizador para solicitar del auxilio judicial a través del apremio corporal.

Más adelante, Argüello entró en contradicción y dijo que no sabía por qué razón los auditores no habían solicitado el apremio corporal como se establece en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la CGR.

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