- El litigio por el pago de la producción de soya entregada al crédito a GRACSA ha puesto en riesgo la siembra de este rubro en Occidente
CAROL MUNGUIA – Corresponsal
CHINANDEGA.– Alrededor de 30,000 manzanas dedicadas a la agricultura en Chinandega, podrían quedar inutilizadas al extenderse el juicio que por estelionato y estafa interpusieron los productores de soya contra Bernardo Lacayo Oyanguren y Jorge Salazar Cardenal, representantes de la Aceitera Grasas y Aceites S. A. (GRACSA).
Una comitiva de 50 productores esperaba la llegada de Bernardo Lacayo quien fue llamado por el Juez Segundo de Distrito del Crimen, Edwin Espinoza, a responder por los cargos que interpusieron los afectados, quienes aseguran que GRACSA les retuvo 102,000 quintales de soya, equivalentes a un millón 920 mil dólares, que hasta la fecha no les fue cancelado.
“Nuestra situación es catastrófica, en este momento estamos en la calle, no podemos iniciar siembras, porque ni para comer tenemos”, dijo Humberto Navarro, originario de El Viejo, quien habló en nombre del resto de productores perjudicados con la quiebra de la empresa chinandegana.
Bernardo Lacayo no asistió a la segunda citación y más bien recusó al juez Edwin Espinoza, del que dijo había demostrado inclinación y parcialidad en el juicio.
Tijerino González dijo que en el presente ciclo agrícola no hay posibilidades de integrarse a las labores “porque no tenemos acceso al crédito”, al tiempo que denunció que la banca privada de Chinandega actuó con poca transparencia
Explicó que la banca privada, “a sabiendas que el 95 por ciento de la cosecha de frijol de soya en manos de GRACSA se compró al crédito en una operación fraudulenta, aceptaron los bonos de prenda y con ellos cancelaron sus compromisos, dejando al agro en la banca rota”, indicó.
Los productores solicitarán la captura de Bernardo Lacayo, al juez que lleve el caso porque el juicio no se paraliza con la recusación.
Se conoció que el juez Espinoza envió una carta al jefe de la Dirección de Migración y Extranjería, José Rivas, para que impida la salida del país de Lacayo, del que se asegura fue bajado de un avión por esta causa, recientemente.
Los productores demandaron agilizar el juicio porque el producto que está retenido en las bodegas de la aceitera es de fácil deterioro.
Ellos pasaron de la etapa de plantones para impedir que salga el producto de GRACSA, a la demanda judicial, “ahora enderezan su protesta ante el gobierno por la indiferencia que han mostrado a nuestro problema, que debería ser de ellos porque el subsidio estatal entregado a GRACSA para los productores nunca llegó a manos de los beneficiarios y por lo tanto también ellos fueron estafados”.
GRACSA se declaró en quiebra voluntaria días atrás. LA PRENSA no logró obtener la opinión de los representantes sobre este caso por permanecer cerradas las oficinas en Chinandega y Managua.