El señor Byron Jerez Solís -el todavía Director General de Ingresos que afronta un juicio penal por el escándalo de los “checazos” en la DGI-, impidió de manera arbitraria el ingreso de nuestros periodistas a la conferencia de prensa que dicho funcionario ofreció el miércoles pasado, sobre la resolución que la Contraloría General de la República emitió ese mismo día.
La periodista de El Nuevo Diario, Eloísa Ibarra, preguntó en esa ocasión al funcionario público Byron Jerez Solís, por qué impedía el acceso de los periodistas de LA PRENSA a la conferencia informativa y violaba de esa manera el derecho a la libertad de información. Y Jerez contestó con su habitual prepotencia que el Diario LA PRENSA no le merecía ni el más mínimo respeto.
En lo particular a nosotros nos tiene sin cuidado que alguien como Byron Jerez Solís no quiera respetarnos. Pero el derecho humano universal y el constitucional de los nicaragüenses a la libertad de información, es sagrado e inviolable y Jerez tiene la obligación de respetarlo.
Una de dos: O es que el todavía titular de la Dirección General de Ingresos (DGI) desconoce la Constitución y la ley y no tiene ni idea de que los funcionarios públicos se tienen que subordinar a ellas, o las conoce pero las viola deliberadamente, como bien se deduce de la respuesta fascistoide que el conflictivo funcionario dio a la periodista Eloísa Ibarra.
Al impedir el acceso de LA PRENSA a una conferencia informativa efectuada en una dependencia del Estado, Byron Jerez Solís viola el artículo 66 de la Constitución, según el cual, “los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Jerez Solís viola también el artículo 131 de la Constitución Política de la República, acerca de que “los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y de sus actividades oficiales…”
Pero, además, al impedir que los periodistas de LA PRENSA ejerzan su derecho y cumplan con su trabajo de recabar la información pública, Byron Jerez Solís comete un delito que está tipificado en el artículo 260 del Código Penal, el cual, a la letra señala que:
“La libertad de emisión y difusión del pensamiento consiste en el derecho de los ciudadanos a ser informados de todo lo que constituye la vida nacional e internacional y la afecta de alguna manera, y de emitir al respecto públicamente sus críticas y opiniones en términos que no ofendan la moral ni la buena educación ni inciten a la violación de las leyes”.
“En consecuencia, violan la libertad de emisión y difusión del pensamiento: a) Las autoridades, funcionarios o simples particulares que de palabra o de hecho impidan por coacción, violencia, amenaza o soborno, el funcionamiento legal de empresas u órganos de publicidad o la difusión o publicación de noticias, fotografías, escritos o discursos que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni a las buenas costumbres”.
Está claro, pues, que el aún funcionario público Byron Jerez es acreedor a la pena establecida en el artículo 261 del mismo Código Penal: “La violación de la libertad de emisión y difusión del pensamiento contemplada en el inciso a) del artículo anterior, cuando se trate de autoridades y funcionarios, será penada con prisión de 3 a 6 meses y multa de cien a quinientos córdobas”.
Como se sabe, el funcionario público Byron Jerez Solís es reincidente en las violaciones a la libertad de información. Y sin dudas que el gobierno, que protege sus atropellos, es cómplice de estos abusos que denunciamos ante la población nicaragüense y ante la comunidad internacional. Y que denunciaremos por medio de los cauces correspondientes ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ante el Relator Para la Defensa de la Libertad de Prensa, de la Organización de Estados Americanos (OEA).