HUMBERTO MEZA
Las ganancias millonarias que se generarán con la aplicación de una nueva Ley de Tránsito, obligarán a las alcaldías municipales y al Ministerio de Transporte, a la construcción de nuevas señales para los peatones, incluyendo semáforos en la vía pública.
Aunque la mayor atención está aún centrada en la reducción de las tarifas de las multas de tránsito, la Comisión parlamentaria de Gobernación aceptó ampliar el dictamen para obligar el aseguramiento por daños de cada vehículo (de transporte público o particular), lo que significaría un ingreso mínimo de 20 millones de dólares.
De acuerdo al artículo 63 del proyecto de ley se establece la obligación a cada propietario de los vehículos, el pago de un Seguro por Responsabilidad Civil, estimado en por lo menos 100 dólares por propietario.
José González, directivo de la comisión legislativa anunció que este ingreso, sumado al aumento en el cobro del sticker de rodamiento será destinado a los gobiernos municipales, para instalar la señalización peatonal.
“Como legisladores estamos buscando introducir en el dictamen, un elemento que obligue a los gobiernos municipales, al MTI, y a la Policía Nacional, que de los recursos que se obtengan, se destine un porcentaje para la ubicación de señales peatonales. Frente a la UCA o la UNAN por ejemplo, no hay señales necesarias para una mejor circulación, cuando eso existe en toda Centroamérica”, subrayó.
De acuerdo al presidente de la comisión parlamentaria William Mejía Ferrety, estos ingresos millonarios pretenden regular la existencia de “mordidas” por efectivos de la Policía de Tránsito, producto de la reducción de las tarifas de multas.
“Ese tema lo hemos hablado muy en serio con el comisionado Franco Montealegre para incluir sanciones en la ley, a aquellos agentes que se demuestre que recurran a actos así. Vamos a contemplar regulaciones para el asunto de las mordidas y sanciones para quienes lo cometan, cuando en la próxima semana firmemos el dictamen”, indicó Mejía.