Ayer por la tarde el Presidente Arnoldo Alemán convocó a un nuevo diálogo nacional, formalizando así el anuncio que hiciera en Washington, durante la reunión del Grupo Consultivo a finales del mes pasado. En esa ocasión dijo que el nuevo diálogo serviría para “reflexionar sobre el camino andado” y para “afinar los nuevos rumbos” que seguirá el país ante los retos de la globalización.
La pregunta es: ¿qué beneficios para el país pueden resultar de este nuevo diálogo nacional? La respuesta —si nos basamos en la experiencia— es que ninguno, pero tampoco debemos cerrar la posibilidad de que algo positivo se pudiera derivar, siempre y cuando el Gobierno tenga la voluntad real de rectificar, como lo dijo en Washington citando a Confucio.
Se recordará que en el Diálogo Nacional efectuado en 1997, se tomaron 112 acuerdos, que en su mayoría no se han cumplido. Muchos de ellos resultaron meros pronunciamientos retóricos redactados en forma vaga, porque al parecer eso era lo que más convenía al Gobierno para poder eludir posteriormente su cumplimiento. No es ilógico entonces pensar que ahora se podría repetir la misma historia. Esta vez, no obstante, también puede esperarse que el Presidente Alemán quiera lograr lo que más ansía: una reforma constitucional que le permita prolongar su estadía en la silla presidencial. Eso es algo que debe quedar, desde la misma entrada, categóricamente excluido de cualquier agenda que se forme para el desarrollo del diálogo.
La participación en este nuevo diálogo está garantizada. Estamos en un año electoral y el país estará de hecho bajo una constante actividad política desde ahora hasta octubre del 2001. Primero, las elecciones municipales en noviembre de este año, y once meses después, los comicios para elegir presidente, vicepresidente y diputados. Eso hará que los políticos —ansiosos de figurar y de promocionarse— no desperdicien ninguna oportunidad que se les presente para ello. Es obvio que el diálogo es una de esas doradas oportunidades. Esta vez también —a diferencia de 1997— el Frente Sandinista podría estar dispuesto a participar, si se incluyen en la agenda los temas socio-económicos que para el FSLN tienen una primordial importancia propagandística.
Ahora bien, si para algo pudiera servir este diálogo sería para hacer modificaciones democráticas a la Ley Electoral actual que —como se sabe— fue negociada entre el FSLN y el partido de Gobierno, PLC, para su propio beneficio. Todos los análisis que se le han hecho a esta ley coinciden en que ella entorpece el proceso democrático, porque dificulta la participación ciudadana, promueve la exclusión y obliga al bipartidismo.
Pero esa ley podría ser discutida y mejorada, no obstante que cualquier mejora iría en contra de los intereses de los pactistas. También es cierto que algunas modificaciones de fondo a la Ley Electoral conducirían, necesariamente, a una nueva reforma constitucional, como sería el caso de reestablecer el porcentaje mínimo del 45 por ciento de votos requeridos para ganar la Presidencia de la República en primera vuelta, que establecía la Constitución Política antes de la última reforma. (El pacto redujo ese porcentaje a 35 por ciento, lo que, sin duda, beneficia al FSLN principalmente).
En todo caso, sin duda que no faltarán propuestas para ser incluidas en la agenda de este nuevo diálogo. Cada grupo y partido participante tendrá algunas que quiera introducir. Eso al Gobierno no le incomodaría, ya que sabe que entre más propuestas haya, menos probabilidades habrá de concentrarse en asuntos de verdadera importancia, como la Ley Electoral. A pesar de las malas experiencias previas, hay una infeliz tendencia a percibir los diálogos como una panacea para la solución de cuanto problema existe, aunque la verdad es que cuestiones fundamentales, como la producción, por ejemplo, jamás podrán ser resueltos en un foro de esa naturaleza.
Para que este nuevo diálogo no sea igual que el anterior —una pérdida de energía, tiempo y dinero—, el Gobierno del Presidente Alemán debe estar realmente dispuesto a hacer concesiones democráticas, ante todo en el ámbito de las garantías legales y políticas para que las próximas elecciones sean absolutamente democráticas, libres y limpias.