- El mensaje que emitió la Contraloría es claro: cualquier funcionario del Gobierno puede disponer a discreción de los dineros públicos para provecho propio o del Partido, y la Contraloría
les garantiza impunidad
Mario Alfaro Alvarado
Si alguien necesitaba una prueba concluyente de la efectividad del pacto libero-sandinista, la tiene ahora en la ignominiosa resolución de la Contraloría que, con lujo de cinismo, absolvió a los involucrados en el delito de los “checazos”.
Desde el momento que establecieron la Contraloría colegiada, son tres personas cuidadosamente seleccionadas para que se hicieran mayoría en el consejo directivo, no había que esperar mucho tiempo para que se evidenciara la intención del cambio. La Contraloría tal como está concebida, es para fomentar la corrupción mediante la absolución de los corruptos. La resolución en el caso de los “checazos” es una habilidosa defensa de los culpables que cometieron diversos delitos contra los bienes públicos. En ella se menciona el cheque 479 pero no se dice nada de los más de dos millones de córdobas convertidos en dólares, puestos en manos del director de la DGI. Se comprobó además que las compras no tienen sustentación documentada y por tanto fueron operaciones fraudulentas para ocultar el uso indebido de grandes sumas de dinero.
Las numerosas pruebas publicadas por LA PRENSA no fueron consideradas ni constatadas por la Contraloría. Eran una buena base para seguir una investigación seria y honesta. Sin embargo, no se investigó ninguna procedencia ni se interrogó a los testigos involucrados en el caso. Sencillamente todo fue calificado genéricamente como irregularidades. ¡Vaya irregularidades en que desaparecen varios millones de córdobas, que les fueron sacados en impuestos al pueblo necesitado!.
Alguien afirmó que la conducta de la Contraloría desprestigia al país ante la opinión internacional, que nos observa con interés y quizás con desdén. ¿Y cuándo le ha importado a un gobierno inescrupuloso como éste, el prestigio del país y la vergüenza nacional?.
Ya tenemos una muestra irrefutable de para qué se instaló la Contraloría colegiada. Lo que sucedió seguirá sucediendo y el esquilme de los ciudadanos seguirá su trayectoria desafiante e impune y no habrá culpables.
Cuando el Presidente Alemán organizó su gabinete de gobierno, anunció que sus colaboradores serían bien pagados para desalentar en ellos las tentaciones de defraudar al erario, pero todo resultó al revés. Los altos salarios en dólares, las prebendas, las exacciones, las dietas abusivamente exageradas, los negocios a la sombra del poder, el tráfico de influencias, los viajes de placer por dondequiera que va el mandatario con su séquito de áulicos, han estimulado la concupiscencia de los funcionarios bien pagados que, según quien les dio el empleo, darían ejemplo de honestidad en los cargos que desempeñan.
El mensaje que ha emitido la Contraloría colegiada con su resolución oprobiosa es bien claro: cualquier funcionario de este gobierno puede disponer a discreción de los dineros públicos para provecho propio o para provecho del Partido, y la Contraloría les garantiza plena impunidad.
Como se inundan las calles capitalinas con los fuertes aguaceros del invierno, así inundó el civismo y la desvergüenza, la conciencia frustrada de la nación. El último hálito de esperanza, nacido de las solemnes promesas oficialistas y del propio presidente de la Contraloría colegiada, de que esta institución del Estado velaría por la honestidad y transparencia en el manejo de los dineros públicos, sucumbió en el torrente. Hasta el momento las reacciones populares no alcanzan el nivel de indignación que ha producido la burla y el desprecio gubernamental en la sociedad nicaragüense; pero la provocación incontenible de los abusos pronto germinará en la conciencia nacional en reivindicaciones todavía aletargadas, que se siguen acumulando en el alma de un pueblo cansado de vasallaje y explotación.
El gobierno ha completado su escenario. La Contraloría ya demostró que sirve bien a su diseñador y en los Poderes del Estado los comisarios políticos manejan con leal sumisión los intereses personales del gran patrón que los nombró para que también sirvieran con fidelidad a las ambiciones políticas del Partido. La Contraloría, los Poderes del Estado y demás instituciones, que se dice son para defender la ley y la justicia, se limitan a obedecer órdenes superiores. Así ha sido en las dictaduras pasadas y así comenzó a ser en la nueva dictadura liberal.
El autor es periodista.