- Para los empresarios, los medios tienen mucha credibilidad en la lucha contra los corruptos
- Terán dice que los contralores “tuvieron temor de mandar a la cárcel a esos ladrones”, en referencia al escándalo del “checazo”
EDUARDO ENRÍ[email protected]
Los empresarios sienten que en Nicaragua la corrupción gubernamental ya es parte del sistema, y esto se debe principalmente a una ilegalidad e impunidad galopantes, concentración del poder, inoperancia de las instituciones y falta de voluntad política para cambiar las cosas, revela una encuesta hecha entre 140 empresarios.
El sondeo fue realizado entre el 16 de mayo y el dos de junio por la empresa M & R Consultores, auspiciada por la Fundación Friedrich Ebert y fue presentado a un grupo de empresarios, periodistas y políticos durante un almuerzo el miércoles.
El estudio será presentado en su totalidad este fin de semana en el semanario Confidencial.
La encuesta, que preguntó sobre temas como el escándalo del “checazo”, el tráfico de influencias y la credibilidad de las instituciones que luchan contra la corrupción concluye que en Nicaragua existe “hipercorrupción”.
El estudio define hipercorrupción como una situación en la que la cultura general acepta la corrupción y las instituciones que están supuestas a combatirla no funcionan.
Los resultados de la encuesta no dejan lugar a dudas. El 90 por ciento de los empresarios dice que en Nicaragua no hay respeto a las normas y leyes y el 74 por ciento dice que existe tolerancia hacia la corrupción.
Según los encuestados, el Poder Ejecutivo es la institución más corrupta, seguida por los partidos políticos y la Asamblea Nacional. La Dirección General de Ingresos fue citada como la institución donde más se recurre al Tráfico de Influencias, y un 61 por ciento de los encuestados admitió que el mismo sector privado recurre a esa maniobra para lograr sus objetivos en su relación con el Gobierno.
El 83 por ciento dijo que el escándalo del “Checazo”, que culminó con la destitución de dos de los más poderosos funcionarios del Gobierno, Byron Jerez, ex Director de la DGI, y Jorge Solís, ex Presidente de ENITEL, “es un acto de corrupción que merece ser castigado”.
Aún queda por establecer el destino de más de 6 millones de córdobas, que son la raíz del escándalo que salió a luz pública gracias a una serie de trabajos investigativos de LA PRENSA.
UN VACIO DE LIDERAZGO EN EL SECTOR PRIVADO
El 71 por ciento de los empresarios dijo que la corrupción les afecta y el 60 por ciento consideró que es “muy pobre el rol de la dirigencia del sector privado” en la lucha contra la corrupción. En realidad, sólo un 6 por ciento siente que existe un liderazgo “adecuado” en las distintas cámaras empresariales.
El Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Roberto Terán, que fue invitado a comentar los resultados de la encuesta reconoció que el sector privado está “atemorizado por una DGI que te presiona”.
“Hay un terror de defenderse, hay un temor absoluto hacia el Gobierno”, dijo, a la vez que reconoció que en el sector privado existe muy poca capacidad de lucha, debido a la débil situación económica.
Sin embargo, Terán dijo que los empresarios no están solos en ese temor. Hasta los contralores “tuvieron temor de mandar a la cárcel a esos ladrones, sólo dijeron que había que sacarlos”, dijo refiriéndose a la resolución emitida por la Contraloría Colegiada con relación al escándalo de los “checazos”.
MEDIOS DE COMUNICACION, ABANDERADOS CONTRA LA CORRUPCION
Un 52 por ciento de los empresarios reconoce que los medios de comunicación son “abanderados de la lucha contra la corrupción”, seguidos por la comunidad internacional con un 14.2 por ciento, mientras que sólo el 0.07 por ciento mencionó como abanderado al Comité de Integridad Nacional, a pesar que este organismo, dirigido por el Vicepresidente Enrique Bolaños, está supuesto a “enfrentar y reducir progresiva y sistemáticamente las causas y manifestaciones del problema de la corrupción”.
En otra variante de la misma pregunta, “cuánta credibilidad tienen en la lucha contra la corrupción”, el 51 por ciento dijo que el Comité no tiene “ninguna”, y el 52 por ciento opina lo mismo de la Contraloría Colegiada, mientras un 69 por ciento dijo que los medios tienen “mucha” credibilidad.