- Ex Juez Ramón Rojas Méndez criticó que un cubano y un guatemalteco hayan elaborado el borrador de esta ley sin tomar en cuenta a penalistas y asociaciones de juristas
JANELYS CARRILLO [email protected]
La redacción de un primer borrador de lo que será el nuevo Código de Procedimiento Penal, que sustituirá al actual Código de Instrucción Criminal, ha generado opiniones encontradas en vista que el mismo debe ser hecho por nacionales y no por extranjeros.
Algunos abogados están convencidos de la necesidad de la modernización del sistema judicial, no obstante, hay quienes creen que la renovación del citado Código debe ser obra de experimentados penalistas nacionales conocedores de la realidad, y que su aplicación tendría que ejecutarse paulatinamente, previa aportación y capacitación de todos los sectores de la sociedad.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Sergio García Pinell, dijo que la redacción del bosquejo ha estado a cargo de una comisión especial, gracias a una iniciativa que se ha formado a nivel latinoamericano.
Admitió que la Comisión de Justicia no participó de la elaboración de ese documento, hecho al que restó importancia por cuanto “nuestro deber es cuando llega a Secretaría y nos lo envían a comisión y verlo”.
Para la magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, Silvia Rosales, el proceso de consulta del Código aún no ha iniciado y la sociedad está obligada a aportar para fortalecerlo. “Para eso hay tiempo suficiente”, valoró.
Ramón Rojas Méndez criticó que para la redacción del borrador del Código de Procesamiento Penal no se tomó en cuenta a destacados penalistas nicaragüenses y asociaciones de juristas, pues en él sólo han trabajado cubanos y guatemaltecos.
Consideró que si bien el proyecto propugna por un Código netamente oral, no está seguro de su aceptación en la cultura nicaragüense y de su aplicación total, ya que es un modelo nuevo pero sobre todo “muy caro”.
“Entrar de la prehistoria a la historia de un solo es difícil de asimilar, creo que va a haber problemas”, apuntó Rojas quien propuso que para empezar, debería plantearse que la parte instructiva del juicio sea escrita y tenga una duración de entre 20 y 30 días (actualmente son 10). El resto del proceso debería ser oral, dijo.
La parte instructiva de un juicio penal es el período de 10 días en el que el juez recibe la declaración del ofendido, la del procesado, de los testigos y los resultados de laboratorio requeridos, así como también realiza inspecciones oculares en el lugar de los hechos.
Al cabo de ese tiempo debe pronunciarse sobre si comprobó la existencia del cuerpo del delito y si halló suficientes indicios que hagan presumir la responsabilidad criminal del acusado, valoración que plasma en la llamada sentencia interlocutoria o de primera instancia.
ENSAYO DE JUICIO ORAL FRACASO EN 1984
Rojas también propugnó porque salvo delitos graves en los que de por medio hayan vidas humanas. Con el nuevo modelo los juicios se llevan a cabo con el reo en libertad, para cumplir con el principio constitucional de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
El penalista recordó que en 1984 el Poder Judicial ensayó un modelo de juicio oral que finalmente no se concretó porque fue calificado de “muy dulce” para el momento histórico que se vivía porque políticamente no respondía y porque además resultó muy caro.
La magistrada Rosales admitió que el borrador del Código de Procedimiento Penal fue redactado por un guatemalteco y un ciudadano tico-nicaragüense, pero negó que su contenido no pueda ser reformado por la sociedad cuando llegue el momento de los debates.
“Es un borrador sobre el cual se va a trabajar… tomaron como base los códigos procesales de Latinoamérica, yo lo conozco porque fue presentado en la Universidad Centroamericana a los que llevamos una maestría en Derecho Procesal y Penal”, aseguró Rosales.
La funcionaria agregó que incluso, los 40 estudiantes de la maestría han solicitado ser los impulsores de su divulgación y debate entre la sociedad. “Esto último aún no ha iniciado, lo que está acabado es un trabajo en el cual se dejan sentadas las bases de un nuevo sistema procesal penal y que tendrá que adecuarse de acuerdo a la realidad nicaragüense”, apuntó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea manifestó que el proyecto de Código de Procedimiento Penal podría llegar a conocimiento de esa estructura en agosto o septiembre próximo y después pasará a consulta con los sectores sociales.
“Estamos contentos (por el borrador), en términos generales es necesario que Nicaragua entre a modernizar y agilizar nuestras leyes”, comentó García Pinell.