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El Consejo Nacional del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) se reunirá hoy con el cuerpo de contralores colegiados para solicitarles que mantengan su decisión de suspender el incremento de las cotizaciones al Seguro Social, de lo contrario “sería un golpe mortal para la institucionalidad” de ese órgano.
El secretario general del FNT, doctor Gustavo Porras, en rueda de prensa, explicó que no es cierto que Nicaragua quedaría fuera de la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) si se suspende el incremento de las cotizaciones.
Porras desestimó también la versión de que Nicaragua afectaría su programa de ajuste estructural por no aplicar estos nuevos cobros, “si lo que el ESAF exigía era el cambio del modelo de pensiones y ya eso se dio; no decía que tenían que subirse las cotizaciones en el viejo sistema”.
Una de las justificaciones del INSS para el incremento de las cotizaciones es que no cumplirían con las metas de ahorro establecidas en el ESAF y por ende ocasionaría que Nicaragua quede fuera del Programa Financiero y Fiscal, que son requisitos para que el país forme parte de la iniciativa HIPC.
De acuerdo a las proyecciones del INSS, el aumento de las cotizaciones tendrá un impacto en el ahorro de la institución de 182 millones de córdobas al cierre del primer semestre de este año y un ahorro anual de 501 millones de córdobas. Asimismo se proyecta un ahorro de 731 millones de córdobas para el año 2001.
A juicio del doctor Gustavo Porras, ese ahorro que el Gobierno pretende “puede ser usado en otras actividades” y ese es el temor de los sindicalistas.
Agregó que esperan que la Contraloría no esté utilizando el “juego de las consultas” para después no suspender las nuevas cotizaciones porque “quedaría evidenciada la subordinación” de ese órgano colegiado al Presidente Arnoldo Alemán.
ACTITUD “REVANCHISTA”
Por otro lado, Porras calificó de “revanchista” la actitud del viceministro de Salud, Stanley Atha Ramírez, quien ayer dijo públicamente que el Ministerio de Salud mandará a cerrar los bares que manejan los sindicatos fuera de los hospitales de la capital.
Según Porras, Atha Ramírez está molesto porque la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) denunció la privatización del servicio de laboratorio del Hospital “Roberto Calderón”, el que fue arrendado a un laboratorio privado para venderle servicios al hospital y a la vez tener un mercado cautivo privado.
Según Atha, los bares de los sindicatos no pagan agua ni luz y tampoco rinden cuenta de sus ganancias, pese a que supuestamente obtienen ganancias por el orden de los 800 dólares por mes.
José Humberto Murillo, secretario del sindicato de FETSALUD en el “Roberto Calderón”, dijo que desde hace cuatro años hay una intención de las autoridades de ese hospital de desaparecer los bares.
Agregó que las ganancias de cada bar giran alrededor de los 250 dólares mensuales y que éstos fueron creados bajo acuerdo con las autoridades hospitalarias. Ese dinero lo utilizan, según Murillo, en la realización de actividades propias de los trabajadores.
Murillo aseguró que lo que el MINSA pretende es “inmovilizar” al sindicato del “Roberto Calderón”. “Nosotros no hemos dicho que estén robando o que haya corrupción, sino que es ilegal la privatización de los servicios de salud”, sostuvo.