NOEL HERNANDEZ RAMOS
El vicecanciller de la República, José Adán Guerra, desmintió que Nicaragua haya incumplido la disposición de Estados Unidos de dar solución a doce casos de propiedad considerados prioritarios para mantener el “waiver”.
De acuerdo con Guerra, de los 12 casos, ocho ya fueron resueltos, tres de ellos se encuentran en vías de negociación y un caso está fuera de la esfera del Poder Ejecutivo porque se está llevando en los tribunales de justicia.
Recientemente Benjamín Gilman, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso americano, presentó una propuesta de ley llamada “Acto de Protección de Propiedad del 2000” donde se solicita la suspensión del “waiver” para Nicaragua.
El “waiver” es la dispensa que el Gobierno americano otorga a algunos países para que no se aplique la “disposición 527” que prohíbe otorgar asistencia bilateral a gobiernos que hayan expropiado bienes inmuebles a cualquier ciudadano norteamericano en cualquier parte del mundo.
“Aparentemente hay personas que han venido por uno o dos casos con la finalidad de lograr que se solucionen sus reclamos. Han acudido a legisladores poderosos de los Estados Unidos para que se introduzca este proyecto de ley que a todas luces es perjudicial para Nicaragua”, opinó Guerra.
En la exposición de motivos para la suspensión del “waiver” se explica que la iniciativa de ley se debe a la inacción del Gobierno de resolver numerosos reclamos de propiedad de ciudadanos nicaragüenses.
En los últimos días el ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, explicó al embajador de Estados Unidos, que algunos casos de propiedades estaban en manos de la Corporación Nacional de Administración Pública (CORNAP), dijo Guerra.
En ese sentido calificó como un “adelanto enorme”, que hayan sido resueltos estos casos, “con eso estamos demostrando cómo hemos venido trabajando”.
Guerra explicó que desde 1990 hasta la fecha Nicaragua ha resuelto 3,317 problemas de propiedad de ciudadanos norteamericanos de los que 1,546 se han resuelto durante la administración del actual Gobierno, quedando pendientes unos 800 casos.