Rinden dramático informe sobre DH

Canasta básica es un sueño imposible para casi el 100 por ciento de los encuestados En términos familiares algunos ven como un procedimiento correctivo la violencia ejercida contra mujeres y menores ALINA LORIO L.Corresponsaldepartamentales@laprensa.com.ni OCOTAL.— La Asociación por la Humanización de la Vida, también conocida como “Colectivo Gaviota”, presentó ayer los resultados de un trabajo […]

  • Canasta básica es un sueño imposible para casi el 100 por ciento de los encuestados
  • En términos familiares algunos ven como
    un procedimiento correctivo la violencia
    ejercida contra mujeres y menores

ALINA LORIO L.Corresponsaldepartamentales@laprensa.com.ni

OCOTAL.— La Asociación por la Humanización de la Vida, también conocida como “Colectivo Gaviota”, presentó ayer los resultados de un trabajo investigativo que refleja la situación de los derechos humanos a partir de cómo hombres y mujeres de los municipios de Ocotal, Jalapa, El Jícaro, Mozonte, Murra y Quilalí los perciben, los ejercen y los viven.

El estudio contempló encuestas, entrevistas y análisis grupales en los seis municipios del departamento, realizados por 32 promotores del Programa de Defensoría de los Derechos Humanos en el Departamento de Nueva Segovia, incorporando de manera integral la perspectiva de género.

La encuesta, según el sociólogo Marlon González Ponce, persigue orientar eficazmente el Programa de Defensoría de los Derechos Humanos, y se trabajó con una muestra de 272 mujeres y 231 hombres.

El “Colectivo Gaviota” es un organismo no gubernamental que surge en 1998 en Nueva Segovia. Su nombre “Gaviota” trata de imitar a esa ave exótica “que cuando vuela, vuela en conjunto, porque efectivamente la idea es trabajar dentro de la sociedad en función de un objetivo común: tratar de humanizar las vidas a través de la defensa de los Derechos Humanos”, explicó el coordinador del Programa de Defensoría en esta localidad.

CANASTA BASICA, UN SUEÑO IMPOSIBLE

Los resultados de la investigación coinciden con otros que ubican al Departamento de Nueva Segovia como uno de los que no gozan de condiciones de vida que le garanticen a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, además de que la ausencia de políticas públicas y de un verdadero Estado de Derecho, es un factor que favorece la retardación de justicia e impide la aplicación de leyes de manera equitativa y manteniendo la desigualdad para grupos poblacionales como las mujeres, niños y ancianos.

Una gran parte de la población no tiene acceso a las condiciones mínimas de vida y según los niveles de ingreso reflejados en la muestra, casi el 100 por ciento de los encuestados no cubren la canasta básica que en la región tiene un costo aproximado de 2,200 córdobas (a enero del 2000).

Otra de las conclusiones de la encuesta es que las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo y con altos niveles de actividades de sobrevivencia le proporcionan menor ingreso económico. En ese sentido, el 30 por ciento de las mujeres encuestadas tienen un ingreso menor de 600 córdobas mensuales que en el caso de los hombres y baja al 22.6 por ciento. En conclusión, las mujeres son las más pobres entre los pobres.

Esas condiciones de sobrevivencia, en hombres y mujeres, impiden un desarrollo humano sostenible, por tanto los derechos humanos elementales para una vida digna, como la salud, educación y oportunidades de empleo, no se están garantizando, revela el informe elaborado por el “Colectivo Gaviota”.

Por otro lado, admite que hay un reconocimiento consciente de la población alrededor de sus derechos como seres humanos, identificando no sólo aquellos relacionados a su vida cotidiana, sino otros más del entorno comunitario como es el derecho a gozar de un medio ambiente sano para las presentes y futuras generaciones.

Ese derecho fue demandado especialmente en Jalapa, donde los niveles de explotación y contaminación del ambiente son indiscriminados y no hay control estatal para evitarlo.

MALTRATO ES CONSIDERADO UNA FORMA DE CORRECCION

Los resultados también reflejan altos índices de violencia en la casa, en la calle y en la comunidad, y a pesar de que los hombres reconocen haber sido víctimas de violencia, son las mujeres y los niños los más afectados, ya que el maltrato a este sector continúa siendo una práctica muy común en la sociedad segoviana, tanto por razones culturales como por la falta de conocimiento sobre las leyes que los protegen.

El castigo físico y sicológico a los hijos e hijas es asumido y aceptado socialmente como una práctica de crianza encaminada a la “corrección y educación de los niños”, es decir, no es concebida como un tipo de violencia que deba ser erradicado. Incluso algunos hombres señalaron el castigo físico como “una forma de corregir a las mujeres malcriadas”.

Por otro lado, los delitos por violencia intrafamiliar no son sancionados debidamente, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigencia en 1999, en su artículo 94 establece el trámite de mediación y eso significa que resta efectividad a la Ley 230, por lo que muchos casos de maltrato se acogen a dicho trámite y se termina el proceso.

El diagnóstico también permitió conocer, entre muchas otras cosas, que los Jurados de Conciencia no están respondiendo a la función para la cual fueron creados, como es impartir justicia. El informe agrega que se han visto casos de delitos graves sobre todo de violencia a las mujeres y la niñez que aún cuando los reos son confesos y existen pruebas suficientes para condenarlos, son absueltos por los jurados.

Los resultados del diagnóstico se han devuelto a los municipios de cobertura a través de talleres y estudios con todas las instancias relacionadas a la defensa de los derechos humanos en cada localidad, quienes a su vez han conformado comisiones de seguimiento y unificación de acciones en pro de los Derechos Humanos, con excepción de Ocotal, donde la asistencia de las instancias convocadas fue inexistente “tal vez por falta de preocupación o porque se consideran como las principales violadoras de los derechos de los ciudadanos”, comentó el sociólogo González Ponce.   

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