GABRIELA ROA ROMERO
Las denuncias más frecuentes de los trabajadores de las maquilas están relacionadas con los bajos salarios, las jornadas agotadoras, las liquidaciones mal calculadas, discriminación de edad y por embarazo, dificultad para conseguir permisos médicos y mala atención de las empresas previsionales, así como abusos físicos.
El salario constituye uno de los principales puntos de conflictos en las empresas de Zona Franca. María del Carmen Peña inspectora departamental del Trabajo del sector industria, aseguró que el sistema de pago en las empresas es por producción, pero sobre un básico de 800 córdobas mensuales, que es el salario mínimo de este sector.
Sin embargo, con el salario mínimo los trabajadores sólo logran cubrir el 45 por ciento de la canasta básica urbana valorada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 1,773 córdobas en octubre del año pasado.
“Pero por producción los trabajadores ganan un salario promedio de 1,300 córdobas quincenales”, agregó Peña.
Pedro Ortega, secretario de la federación textil de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), denunció que existen empresas donde pagan por producción sin tomar en cuenta el salario mínimo, porque “a veces no hay materia prima para producir, por tanto los trabajadores ganan menos del salario mínimo”.
También Peña señaló que las horas extras deben concluir de común acuerdo entre empleador y trabajador, pero en la mayoría de las empresas de Zona Franca resultan ser de carácter obligatorio.
Peña agregó que los trabajadores laboran más de las nueve horas semanales que establece el Código Laboral. “El mismo trabajador permite las violaciones a las horas extras, porque necesitan ese ingreso extra para poder vivir y no dejan que el Ministerio regule las horas extraordinarias”, señaló Conie Moreira, directora de relaciones laborales del Ministerio del Trabajo.
Pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en su diagnóstico sobre los “Principales Problemas Laborales de las Mujeres en las Zonas Francas y sus Formas de Tratamiento”, que la obligatoriedad de las horas extras figura como una imposición implícita en contratos individuales e inclusive en convenios colectivos de trabajo, de modo que su incumplimiento está vinculado al temor que tienen las trabajadoras de ser despedidas.
Debido a la gran cantidad de horas extras que los trabajadores tienen que laborar, las jornadas de trabajo según Moreira se dan de siete de la mañana a siete de la noche, cuando el horario de las empresas de Zona Franca es de siete a cinco. Los trabajadores sólo cuentan con media hora para almorzar y dos descansos de 15 minutos.
En el diagnóstico de la OIT los trabajadores expresaron que cuando la empresa debe cumplir compromisos de entrega urgentes, los trabajadores se ven obligados a laborar los sábados, e incluso los domingos.
“Es cierto, pero te lo pagan”, dijo María Elsa Mejía, responsable de Relaciones Públicas de la Corporación de zonas francas tras explicar que cuando existe un compromiso de entrega las empresas tienen que cumplir, por tanto los trabajadores laboran las horas extras.
Además de las largas jornadas agotadoras según el diagnóstico de la OIT, los intensos ritmos de trabajo provocan en el trabajador un desgaste físico y mental prematuro, que termina afectando la salud de la persona, quien en muchas ocasiones tiene dificultades familiares e imposibilidad de realizar otras actividades, como estudio o recreación.
Según Pedro Ortega existen tres maneras por las cuales las empresas de Zona Franca pagan las horas extras: como lo estima la ley, calculando el doble de la producción o realizando un aproximado de lo que producen los trabajadores entre la una y las cinco de la tarde.
“En ese período los trabajadores bajan el ritmo de su producción y aceleran después de las cinco de la tarde durante las horas extras”, explicó Ortega.
Las principales denuncias recibidas por la Inspectoría Departamental del Trabajo del sector industria a cargo de María del Carmen Peña son sobre la liquidación final “es mal calculada” además algunas empresas no reconocen la indemnización por los años de servicio.
“Otras empresas despiden a las mujeres embarazadas”. Señaló Sandra Ramos directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC), quien opinó que se está viendo al embarazo como un obstáculo a la producción.
“Los empleadores ponen restricciones a los permisos para asistir a la clínica, a la vez que inciden en los subsidios que dictan los médicos. Sumado a lo anterior, los trabajadores señalan que la clínica presenta limitaciones de planta física y de disponibilidad de medicamentos”, plantea el estudio de la OIT.
Según este mismo estudio los trabajadores cuando logran el permiso para pasar consulta médica, generalmente les afectan sus salarios, porque no les reconocen el estímulo por puntualidad, asistencia o productividad.
“Las trabajadoras han señalado que las compañías de CPF están abusando de ellas, porque les tocan sus partes íntimas al registrar si no llevan ningún producto de la empresa”, aseguró Ramos tras opinar que las empresas deben utilizar otros mecanismos para regular su producción.
Otras de las denuncias recibidas por el MEC están relacionadas con la discriminación por la edad. La edad promedio de las trabajadoras de Zona Franca es de los 18 a 35 años.
Con respecto al seguro social Ortega dijo que “Hay empresas que se atrasan en la cotización del seguro social. Esto perjudica a los trabajadores porque no son atendidos en las empresas previsionales”. Mientras Ramos aseguró que “le quitan más de lo que aparece registrado en la colilla.
“El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social entrega muy tarde las colillas”, alegó Mejía.
Por otro lado, los trabajadores en el estudio de la OIT plantean que la capacitación laboral ofrecida por las empresas de Zona Franca se encuentra reducida exclusivamente al manejo de operaciones fragmentadas. Esto limita el desarrollo profesional del trabajador.
Mejía explicó que algunas de estas denuncias pueden ser ciertas a nivel de cada empresa, “para esto el Movimiento María Elena Cuadra realizará una investigación al respecto”.
“Nosotros no tenemos injerencias sobre las cuestiones laborales, por eso desde 1997 funciona una delegación de la inspectoría del Ministerio del Trabajo”, señaló Mejía.