- Una de las más prestigiosas
revistas de economía del
mundo realiza un feo retrato de nuestra clase política - Dice que la inhibición a Pedro Solórzano parece ficción
THE ECONOMIST
¿Qué tipo de Corte Suprema emite fallos basada en leyes que han sido derogadas? ¿Qué tipo de autoridad territorial modifica un límite de una ciudad para impedir que una persona compita para ser alcalde? ¿Qué tipo de Contraloría juega distraídamente con sus dedos pulgares mientras los periódicos rebalsan de historias alegando corrupción en los niveles más altos del Gobierno?
En cada caso, la respuesta es: el de Nicaragua. Cosas como ésas preocupan cada vez más al “Grupo Consultivo”, un conjunto de países donantes y agencias que dan ayuda a los países pobres de Centroamérica.
La semana pasada, el Grupo y el Gobierno de Nicaragua se encontraron en Washington para evaluar la recuperación del país de la destrucción dejada por el huracán Mitch en 1998, y el uso de la ayuda ofrecida en un encuentro similar en Estocolmo hace un año.
La ayuda financiera no se ha extraviado, dicen, y hubo elogios en Washington por el crecimiento económico, que promedia 5% anualmente con el Gobierno del Presidente Arnoldo Alemán. La principal preocupación es un pacto firmado en marzo entre el derechista Partido Liberal (Constitucionalista) y los sandinistas de izquierda, la principal fuerza de oposición, que gobernaron Nicaragua de 1979 a 1990 durante los años de la guerra “Contra” y del embargo comercial. El pacto, ostensiblemente construido para mejorar la tarea de gobernar, en realidad fortalece el control de los dos principales partidos al permitirles hacer nombramientos de la mayoría de los altos puestos en la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría. También dificulta a las fuerzas políticas pequeñas ganar representación (parlamentaria).
La Contraloría, originalmente dirigida por una cabeza –Agustín Jarquín, quien pasó mucho tiempo investigando el sorprendente (y autodeclarado) enriquecimiento del Presidente Alemán en el ejercicio de sus funciones–, es dirigida ahora por un consejo de cinco personas, dos de ellas escogidas por los sandinistas y tres por liberales. El mismo señor Jarquín fue encarcelado a finales del año pasado bajo cargos que, según representantes de países extranjeros, fueron inventados. Luego de una protesta pública, fue liberado y se le dio un lugar en el órgano colegiado. Desde entonces, la Contraloría ha cerrado la investigación sobre el Sr. Alemán, a pesar de la gran difusión de sus adquisiciones de propiedades, bajo el pretexto de que su inmunidad presidencial hace cualquier investigación inútil.
Otra de las investigaciones del Sr. Jarquín, la de la venta del mayor banco estatal el año pasado, fue declarada fuera de lugar por orden de la Corte Suprema porque (Jarquín) no presentó su informe 15 días después de consumar la transacción. En su oficina, el Sr. Jarquín mostró a The Economist una copia del fallo de la Corte, la Ley que cita y la Ley revisada, aprobada en 1984, la cual deroga el límite de los 15 días. Luis Durán, el secretario técnico de la Presidencia, se mostró desdeñoso ante la pregunta: “Es difícil creer que hay una gran conspiración para que la Corte Suprema falle en contra de la Ley. Me parece una novela”.
Quizás. Pero no sería el primer caso en que la vida se parece a la ficción. El 18 de enero, Pedro Solórzano se despertó para descubrir que ya no vivía en Managua. La autoridad de asuntos territoriales, INETER, había modificado los de la capital, dejando su casa a poco más de 100 metros fuera de los nuevos límites. Por curiosa casualidad, el Sr. Solórzano era el candidato favorito, ni liberal ni sandinista, a ganar la Alcaldía en noviembre próximo. Y los candidatos a alcalde tienen que haber vivido en la ciudad por lo menos por dos años.
Una funcionaria de INETER renunció para protestar, declarando que el cambio fue en realidad una gran conspiración contra Pedro Solórzano, pero el caso permanece sin resolver. Y para evitar imprevistos, el pacto libero- sandinista abolió el sistema de candidaturas por “suscripción popular”, mediante el cual, un nicaragüense puede aspirar a un puesto sin respaldo de un partido si reúne suficientes firmas, como lo había hecho el Sr. Solórzano.
Los países extranjeros, fuera de Estados Unidos, o agencias de ayuda, normalmente no podrían pensar que su trabajo sea involucrarse en querellas internas como ésas. Pero el dinero prometido a Centroamérica luego del Mitch fue destinado no solamente para reconstrucción sino que también para “transformación”. Eso les da razón para hacerlo.
Además, Nicaragua –que tiene preocupantes déficits fiscales y de cuenta corriente y algunas gruesas cuotas de su deuda externa que deben ser pagadas en los próximos dos años–, espera ser admitida en la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y obtener un alivio de su deuda de 6.3 mil millones de dólares. Entre las condiciones están no solamente un mejor rendimiento económico, pero sí un mejor gobierno y más apertura.
ALBERTO L. ALEMAN
[email protected]
(The Economist, 3 de junio del 2000)