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Expectativas y disfuncionesde la Administración Pública

Sergio J. Cuarezma Terán

En la sociedad nicaragüense existe un elevado nivel de expectativas en torno a la actividad de los poderes públicos. Sin desconocer el papel positivo que ha jugado el sistema político en la transformación de la sociedad nicaragüense, en el curso de su evolución se han generado algunas disfunciones que le impiden acompañar y sostener las transformaciones que son una exigencia perentoria; impidiendo la plena realización de las garantías sociales, económicas, políticas e individuales contempladas en la Constitución.

La Administración pública concebida como el instrumento de ejecución de las políticas del Estado, reproduce en su estructura y procesos, en su comportamiento, valores y relación con la sociedad, los desajustes del sistema político y su pérdida de dinamismo e incapacidad para dar adecuadas respuestas a las crecientes y heterogéneas demandas emanadas de la sociedad civil. Se evidencia así una marcada falta de capacidad para impulsar el proceso de transformaciones requerido y atender debidamente a la ciudadana y ciudadano en los aspectos que la Ley pone a su cargo.

A lo largo de la historia, la Administración pública del país ha enfrentado una grave disfunción, que condiciona el comportamiento de la administración pública: la presencia excesiva de la “ratio política”.

Si bien encontró su razón de ser en circunstancias históricas y en contextos determinados, hoy en día aparece como un serio obstáculo para el desarrollo de una administración eficiente. La actividad administrativa debe caracterizarse por la estabilidad en la función pública, y estar dotada de funcionarios y empleados públicos competentes, capaces de orientar a la administración pública hacia la atención de las demandas de las mayorías y no de cerrados criterios extraños al interés general de la sociedad. Una administración que se configure sobre esta base, será capaz de establecer y administrar reglas de juego social iguales para todos, estables en el tiempo y el espacio, que brinden seguridad a la sociedad civil y que estimulen su fortalecimiento.

La administración pública habrá de orientarse, en consecuencia, a transformar las bases de legitimidad sobre las cuales funciona. Ello supone un cambio sustancial en las relaciones que se establecen entre el sistema político y el aparato administrativo, en los términos anteriormente expresados. Implica, abordar la reforma administrativa desde una óptica radicalmente distinta, entendiéndola como un proceso político y de cambio sociocultural, diseñado dentro de una estrategia a largo plazo y dirigido fundamentalmente a producir un cambio en el comportamiento y en la estructura de pensamiento del servidor público. En las condiciones actuales, este último tiende a reproducir las disfunciones del sistema a todo nivel, tanto en sus relaciones con la ciudadana y el ciudadano como con el Estado-patrono.

Tal perspectiva constituye un cambio conceptual y estratégico de primera magnitud con respecto a los esfuerzos de reforma administrativa emprendidos en Nicaragua.

Existe una tendencia en la administración a agotarse en sí misma, en sus problemas internos, aplicando poco esfuerzo al desarrollo del servicio propiamente dicho. De allí que sus relaciones con el administrado sean insatisfactorias. Se ha perdido la noción de que el servicio a la ciudadana y ciudadano constituye el propósito y fin de la actividad administrativa. De tal forma, en lugar de una gestión promotora de actividades, estímulos o incentivos a las iniciativas privadas o públicas, predomina una tendencia restrictiva y prohibitiva, la cual se expresa a menudo en exigencias irracionales en materia de permisos y tramitaciones y en la falta de oportuna respuesta a las peticiones de los administrados. En correspondencia con ello se observa una baja conciencia del significado de la legalidad administrativa y del respeto a las garantías individuales, sociales y económicas de los ciudadanos.

El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología.   

Editorial
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