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Sr. Cuadra Lacayo: ¿y Serranías?

  • Las personas verdaderamente interesadas en el bien de Nicaragua deberían contribuir a encontrar soluciones, en vez de pretender aparentar imágenes impecables para fines políticos, que a nadie convencen

Ligia Chamorro Cardenal

Con sorpresa, preocupación y mucha indignación, leí en la edición de LA PRENSA del lunes 19 de junio un reportaje titulado: “Narcotráfico en la mira del Ejército”.

Cuando llego al tema de Ejército Vs. Propiedad, no salgo de mi asombro al leer las palabras que salen de la boca del ex general Joaquín Cuadra Lacayo: “Nosotros limpiamos completamente la institución de problemas de propiedad. Nadie tiene reclamos de propiedad con el Ejército. Se regresó lo que se tuvo que regresar, se indemnizó, se negoció, pero se solucionó todo”.

Sorprendida: porque nunca esperé que el señor Cuadra tuviera tanto aplomo para afirmar una falsedad.

Preocupada: al ver que personas sin la calidad moral ni la trayectoria que se necesita para enderezar las tremendas dificultades que enfrentamos en Nicaragua, pretendan figurar en el universo político de este país.

Indignada: pues ni él, durante toda su gestión, ni el actual general del Ejército, han querido escuchar nuestros reclamos, ni negociar con nosotros, ni mucho menos devolvernos nuestra propiedad, a pesar de que nuestros derechos son incuestionables desde todo punto legal, y elemental de justicia.

Serranías fue ocupada en 1980, sin mediar decreto de confiscación, ni ejecución judicial, ni declaración de utilidad pública, ni decreto alguno. Sin ninguna ley que amparara al Ejército en este abuso.

Fue ocupada por la fuerza y convertida en una ciudadela militar de alta seguridad. En sus diez casas, recién construidas por la sociedad dueña, colocaron a generales cubanos, salvadoreños, y al que aún permanece ahí, un general ruso, actual asesor del Ejército, y a favor del cual se toman todavía fuertes medidas de seguridad, impidiéndonos ni siquiera acceso a lo que en derecho es nuestro.

El caso de Serranías está en la lista de los que se reclaman a través de la Embajada Americana. Uno de los accionistas de la sociedad es ciudadano de aquel país.

Si no fuera por eso, se hubieran agotado nuestras esperanzas de obtener justicia, pues aunque sea bochornoso confesarlo, los ciudadanos nicaragüenses no tenemos ni hemos tenido, durante veinte años, dónde recurrir, dónde ampararnos, quién defienda nuestros derechos, a qué puerta golpear.

Las afirmaciones del Sr. Cuadra revelan la falta de seriedad y la ligereza con que aborda este problema, afirmando algo que con toda facilidad podemos desmentir.

Que el Sr. Cuadra afirme que la institución del Ejército no tiene ninguna propiedad privada en su poder, tiene una gravedad especial en estos precisos momentos. Las personas verdaderamente interesadas en el bien de Nicaragua deberían contribuir a encontrar soluciones, en vez de pretender aparentar imágenes impecables para fines políticos, que a nadie convencen.

Igualmente, estas posturas confirman la actitud negativa con la que nos hemos enfrentado en nuestras gestiones ante el Ejército, al querer que se reconozcan nuestros derechos, topándonos siempre con falsas apreciaciones de la verdad, o con una pared infranqueable de la voluntad militar, acostumbrada a que la ley sea hecha a su propia medida.   

Editorial
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