PEDRO J. VINDELL MATUS
GRANADA.- En una candente sesión municipal celebrada durante el pasado de semana, el Concejo de la comuna aprobó con seis votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, que las placas o permisos de funcionamiento de vehículos costarán la suma de 600 dólares para quienes las requieran.
Inicialmente la alcaldesa Tatiana Raskosky de Chamorro, propuso que las placas costaran mil dólares, lo que creEo descontento entre taxistas y operarios de esos vehículos conocidos como “diyeros”, inclusive cuando ella insistió y dijo que si ellos no las podían obtener se las ofrecieran “al mejor postor”.
En otra parte de la sesión tanto los concejales liberales como los de la bancada sandinista se endilgaron acciones de corrupción en casos de ventas y concesiones de placas y hasta de rutas de transporte urbano, sin que se hicieran señalamientos concretos.
Una carta firmada por un señor llamado José María Bermúdez, presentada en reunión de trabajo de los ediles granadinos, mencionó que un concejal le recibió la cantidad de 700 dólares para conseguirle una de las placas de taxi, aunque no mencionó el nombre del mordelón.
Asimismo se especuló que otro concejal liberal fue seguido en una calle de esta ciudad por una señora que le reclamó la devolución de 500 ó 700 dólares que le dio para la adquisición de una placa de taxi, y que éste al verse sorprendido en la vía pública, se introdujo a las oficinas de Catastro y trato de esconderse, pero la mujer lo encontró y le exigió que le regresara el dinero.
A otro que se le ha venido señalando participación en supuestos negocios similares, sin que se le hayan presentado pruebas fehacientes, es al vice alcalde doctor Bosco Dávila Rosse, a quien la concejal sandinista licenciada Olga María Molina Tenorio señala de haber adquirido una ruta de autobús urbano a nombre de su esposa y que luego la trasladó a otra persona, lo mismo que entregó autorizaciones indebidas a otros funcionarios del gobierno liberal.
Otro señalamiento fue sobre el caso de los traspasos de placas, donde al parecer el dinero estuvo de por medio y Dávila Rosse distribuyó los avales a directivos de las cooperativas de taxis.
Los cooperativistas por su parte, señalaron que la alcaldesa pretende sacar dinero de cualquier modo, como lo expresaron José Adán Acevedo y Alfredo Juárez, entre otros, para poder continuar el trabajo de los pocos proyectos de su administración, sobre los cuales han dejado de obtener el financiamiento internacional de ciudades y gobiernos locales hermanos, como es el caso de la calle del Barrio La Islita. Otros señalaron la falta de reparación de la mayoría de calles destruidas en los sectores periféricos de la ciudad.
CONCEJAL PREPOTENTE
Los taxistas expresaron que el doctor Javier Salinas, secretario de Concejo municipal, se ha declarado enemigo de los taxistas al señalarles muchas anomalías por ellos cometidas, incluyendo cobros indebidos a los usuarios además de negarse al traslado de personas a lugares retirados de la zona central de la ciudad.
Salinas amenazó a los taxistas con sacarlos del recinto si seguían interrumpiendo la sesión ya que ellos no tenían voz ni voto, arrogándose con ello funciones que sólo le competen a la alcaldesa.
Motivo de risas y comentarios surgieron cuando la señora Chamorro ante la denuncia de Salinas dijo que a los taxistas se les debía exigir la entrega de facturas a los usuarios, según ella como se hace en Cuba.
La concejal Olga María Molina Tenorio dijo que “no se podía seguir en esa situación en cuanto al transporte urbano, agregó que su bancada solicitará una auditoría para que muchas cosas se aclaren”, lo que fue avalado por los dirigentes y socios de las cooperativas de taxis.
CASOS DE TRASPASOS
Los traspasos de concesiones de taxis avaladas por la junta directiva de la Cooperativa de Servicios de Taxis La Gran Sultana, fueron 31 el año pasado, y cada taxista pagó su permiso de operaciones por un mil córdobas que enteraron a la Alcaldía Municipal, al igual que más de cuatro mil córdobas en la reasignación de tales permisos, también pagaron stikers de rodamiento por una cantidad de más de cuatro mil córdobas, incluyendo también más de un mil córdobas por la matrícula de comercio, pagada también como las anteriores.