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La respuesta que el gobierno dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmando en un informe oficial “que todo lo concerniente al proceso electoral y las elecciones de 1996 está debidamente documentado, archivado y custodiado”, está errada, según el titular del Poder Electoral, Roberto Rivas.
El presidente del CSE sostiene que todavía las actas de escrutinio que debieron estar bajo la custodia de la ex presidenta de ese Poder, Rosa Marina Zelaya, aún no aparecen.
Según Rivas, la respuesta que el gobierno dio (a la CIDH), “en alguna medida fue una respuesta que el Consejo (Electoral) tuvo que ver en eso y fue la doctora Zelaya la que preparó esa respuesta para el gobierno. Tal vez ella te podría dar más información en ese sentido”.
Rivas explicó que transcurrido cada proceso electoral se elabora un acta de escrutinio y de cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y por tanto, deberían existir las 8.995 actas de cierre de las elecciones de 1996 y las más de 800 de 1998 de los comicios electorales del Atlántico nicaragüense.
Sin embargo, indicó “Entiendo que en el Atlántico apareció sólo una de las dos regiones atlánticas”.
La CIDH remitió copia de la respuesta oficial del gobierno a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, quien interpuso una denuncia en enero de 1997 por supuesta violación de los derechos electorales de los ciudadanos, tras el desorden en la custodia de los documentos de los comicios, por lo cual (el CENIDH) valoró que los resultados no eran legítimos.
“Nosotros (los magistrados), hicimos varios escritos con la presidenta de ese entonces la doctora Zelaya (respondiendo a la demanda) y ella argumentó que las elecciones eran legítimas y que si había habido algún desorden fue un problema de carácter administrativo y no de otro tipo”.
El gobierno remitió su informe a la CIDH el 6 de junio, cuando Rivas ya había tomado posesión como nuevo titular del CSE, pero éste responsabilizó a Zelaya por el contenido del documento que enviaron las autoridades gubernamentales a la CIDH.
Al respecto respondió: “Ya estábamos en posesión de los cargos pero hay cierto tipo de casos que nosotros se lo dejamos a la doctora Zelaya porque ella los había iniciado”.
La respuesta oficial remitida al CIDH el 6 de junio pasado, destaca que “las elecciones de 1996, no solamente gozan de constitucionalidad y legalidad, sino de aceptación de los partidos políticos, de la sociedad civil, de la ciudadanía nicaragüense y de la comunidad internacional. Los funcionarios, de muy diversos partidos y orígenes geográficos y sociales de Nicaragua no solamente tomaron posesión de sus cargos sino que siguen ejerciéndolos”.
Rivas sostuvo que lo que ocurrió con los documentos es que “ha habido un poco de desorden”, pero aclaró que no incidirán en los comicios de noviembre próximo, ya que sólo tienen un valor histórico.