- Jefe del ejército colombiano
asegura que rebeldes se abastecen en países cercanos
(NTX)
BOGOTA.- Los gobiernos de países vecinos a Colombia rechazaron denuncias del comandante de las Fuerzas Militares locales, general Fernando Tapias, sobre tráfico de armas para las guerrillas, aunque anunciaron investigaciones y sanciones.
Ecuador, Bolivia, Venezuela y Panamá manifestaron, a través de diversas fuentes, su indisposición generalizada por las declaraciones del oficial, según reacciones recibidas en Santafé de Bogotá.
Luego anunciaron desde la declaratoria de una emergencia fronteriza, pasando por las “investigaciones exhaustivas” y hasta pregonaron su respeto a las premisas de “no intervención” en asuntos internos de otras naciones.
Tapias indicó el lunes pasado que las guerrillas se abastecen en mercados clandestinos de armas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Venezuela, Panamá y Bolivia.
En una rueda de prensa, el comandante de las Fuerzas Armadas incluso presentó material bélico decomisado y marcado con los sellos de los ejércitos y organismos de seguridad de esos países.
La reacción más drástica provino de Ecuador, que a pesar de no ser mencionado por el oficial anunció que declarará como zona de emergencia a la frontera con Colombia, para prevenir una posible filtración de guerrilleros y narcotraficantes.
Aunque analistas en Colombia opinaron que el anuncio ecuatoriano pudo ser coincidencial, lamentaron que Quito adopte acciones extremas que, de alguna manera, podrían entorpecer la tranquilidad reinante en la frontera.
El canciller ecuatoriano, Heinz Moeller, dijo que confía en que prospere un proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana y consideró que su país “no quiere saber nada de ese conflicto porque respeta el derecho de no intervención”.
Bolivia, en tanto, desestimó la posibilidad de irregularidades entre sus fuerzas armadas, anunció indagaciones sobre el supuesto traspaso de armas de fuerzas oficiales de ese país a los rebeldes, pero no descartó que hayan sido obtenidas en mercados negros.
En la capital colombiana se hizo eco de una declaración del ministro de Gobierno boliviano, Guillermo Fortún, quien aseguró que con investigaciones pertinentes se establecerá cómo llegaron las armas y prometió sanciones a los responsables.
El más drástico con las denuncias del oficial colombiano fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien no descartó la probabilidad de “un robo o fuga de armas”, aunque acotó que no es responsabilidad de ningún organismo oficial de su país.
En su acostumbrado lenguaje fuerte y retórico, Chávez consideró que las guerrillas colombianas “tienen muchas más armas de los Estados Unidos que de Venezuela”.
La cancillería venezolana rechazó también en forma categórica la denuncia de Tapias y aseveró que “pretender controlar el tráfico de armas en una frontera tan extensa es prácticamente imposible para ambos países”.
Por último, en Panamá las reacciones provinieron del jefe de la Fuerza Pública, Carlos Bares, quien negó que algunas armas de su institución estén en poder de las agrupaciones insurgentes colombianas.
“Nuestros inventarios están completos, no nos falta ninguna arma”, dijo convencido el oficial tras agregar que “ningún miembro de la Fuerza Pública tiene nexos o está involucrado” con grupos ilegales colombianos.
El gobierno del Presidente Andrés Pastrana ha pedido en forma reiterada a la comunidad internacional que colabore en el freno al contrabando de armas, como mecanismo para colaborar en los propósitos de paz en este país sudamericano.