- “Es deber y derecho de padre y madre de familia, instituciones, organizaciones y demás integrantes de la sociedad civil, participar activamente en la planificación, organización, gestión y evaluación del proceso educativo dentro de la realidad nacional, pluricultural y multiétnica”, dice el principio
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El Proyecto de Ley de Participación Educativa también le preocupa a la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos que trabajan con la niñez y la adolescencia, que propuso la realización de un amplio consenso entre la población.
Este Proyecto de Ley que pretende legalizar el régimen de autonomía escolar, fue introducido en mayo a la Asamblea Nacional por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD).
Desde entonces ha generado una polémica tanto en sectores gremiales magisteriales como en organizaciones civiles.
Adilia Amaya, presidenta de CODENI -siglas que definen a la coordinadora- dice que antes de su aprobación, la ley de Participación Educativa debe ser consensuada con diferentes sectores sociales.
Amaya dice que la coordinadora considera positiva la creación de una Ley que asegure la participación ciudadana, sin embargo, cree que hay aspectos ambiguos en la ley, que deben discutirse ampliamente.
“Es un proyecto con alto grado de vulnerabilidad y discrecionalidad, ya que 11 de sus 24 artículos deberán, en el futuro, ser reglamentados por el Presidente de la República”, dice el pronunciamiento de CODENI.
Respecto a la consulta el Parlamento, a través de su Comisión de Educación ha dicho que tratará el tema con algunos sectores involucrados en él, pero ha descartado la realización de un proceso amplio de consulta.
Amaya explica que para la realización de una amplia consulta se pueden aprovechar espacios ya constituidos como las comisiones municipales de la niñez o expresiones como el Movimiento Pedagógico y el Foro de Desarrollo Humano para la Educación, que por iniciativa propia han establecido un proceso de consulta con la población.
CODENI es de la opinión que dentro de la consulta debe integrarse al sector privado, propuesta que hace una semana hiciera también la Procuraduría de la Niñez. Ambos entes, instan a la participación empresarial amparados en el cuarto principio de la Estrategia Nacional de Educación, que es parte del Plan Nacional de Educación, y que se presentó en septiembre del año pasado.
“Es deber y derecho de padre y madre de familia, instituciones, organizaciones y demás integrantes de la sociedad civil, participar activamente en la planificación, organización, gestión y evaluación del proceso educativo dentro de la realidad nacional, pluricultural y multiétnica”, dice el principio.