- Marlene Paizano Hernández es presidenta del Consejo Electoral de Altagracia, Isla de Ometepe, pero la señalan de supuestas irregularidades como abogada y notaria pública
NOELIA SANCHEZ RICARTE [email protected]
La abogada y notario público, Marlene Paizano Hernández, quien actualmente es la Presidenta del Consejo Electoral de Altagracia, en la Isla de Ometepe, es señalada por los pobladores de este lugar de presuntos delitos de abigeato, falsificación civil, entre otros.
Algunas de estas acusaciones ya se han convertido en demandas legales que se encuentran pendientes de fallo en el Juzgado del Crimen y de lo Civil de Rivas.
Incluso se le señala de haberse burlado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando en el año 1994 solicitó su incorporación como abogada con el nombre de Marlene Paizano Hernández, siendo en ese entonces su nombre verdadero Liliana Isabel Paisano Hernández.
Este caso fue expuesto ante la CSJ por el señor Freddy Paizano, quien no es familiar de la denunciada.
En San José del Sur, comarca de Altagracia, la familia Martínez Morales señala a la abogada Marlene Paizano como presunta cómplice en un viejo caso de falsificación de firmas.
En el Juzgado de Distrito de lo Civil de Rivas, existe una demanda en contra de Marlene Paizano por falsedad civil, pero todavía no hay fallo. Otro caso similar con esta misma familia sucedió el año pasado, cuando supuestamente esta abogada certificó que el señor Juan Francisco Martínez Lorío figuraba como fiador en un caso de embargo a la Cooperativa “Carlos Díaz Cajina”; este último caso ya tuvo arreglo.
En el año 1997, supuestamente la abogada Paizano certificó una demanda de embargo promovida por el señor César Trinidad Ibarra Rojas en contra del señor Francisco Luis Ramos, este último en calidad de representante de la cooperativa mencionada, por un supuesto dinero que le debían al denunciante.
En este embargo el señor Martínez Lorío aparecía como fiador y ponía como prenda su propiedad, incluso se presentó una escritura de ésta.
Supuestamente Juan Francisco Martínez Lorío había dado su consentimiento para servir como fiador, acto que ratificó con su firma; pero este señor rechazó tal versión y aseguró que en ningún momento había realizado la transacción ni firmado algún documento, puesto que él sólo firma con su huella digital ya que no sabe escribir; tampoco había entregado sus escrituras a nadie.
Martínez Lorío demandó al señor César Trinidad Ibarra por falsedad civil. Posteriormente el 29 de abril de 1999 se realizó un trámite de mediación entre las partes; en ese entonces (según consta en este trámite) Ibarra manifestó: “yo nunca en mi vida había visto al señor Juan Francisco Lorío (…) y nunca he solicitado embargo en contra del señor Francisco Luis Ramos, representante de la Cooperativa “Carlos Díaz Cajina” (…) por lo tanto desconozco quién propuso al señor Juan Martínez Lorío como fiador de dicho embargo, respondiendo con su propiedad”.
Agregó que consideraba que la señora Marlene Paizano “ha utilizado mi nombre para solicitar el embargo y además ha falsificado mi firma”.
Finalmente el señor Ibarra liberó de toda responsabilidad al señor Juan Francisco Martínez Lorío.
En este mismo Juzgado se encuentra una demanda por falsedad civil que el señor Juan Francisco Martínez Lorío introdujo en contra de Marlene Paisano Hernández y la señora Esperanza Alvarez Guadamuz, quien estuvo casada con un hijo fallecido del señor Martínez Lorío.
Líder Martínez Morales (q.e.p.d.) vivía con su compañera Esperanza Alvarez Guadamuz en una propiedad de un área de extensión de 2,378.23 metros cuadrados que estaba inscrita a nombre del señor Juan Francisco Martínez Lorío.
El señor Martínez Lorío, expresó en un escrito presentado a la Juez de Distrito de lo Civil de Rivas, que el 3 de agosto de 1996 la abogada Marlene Paizano había ratificado una escritura de venta de la propiedad mencionada, que él nunca firmó.
En esta escritura la abogada Paizano asegura que habían comparecido para realizar la compra-venta del terreno, el señor Juan Francisco Martínez Lorío, Líder Martínez Morales (q.e.p.d.) y Esperanza Alvarez Guadamuz.
Martínez Lorío vendía su propiedad a Esperanza y Líder, supuestamente por un precio de 300 córdobas netos.
Pero Martínez Lorío niega que se haya efectuado este contrato, por lo que nunca compareció ante la abogada. Argumenta que en la parte final de la supuesta venta del terreno existe una firma con iniciales JML y él nunca pudo haber colocado esas iniciales puesto que no sabe leer, escribir y no puede firmar “ni siquiera con mis iniciales”, asegura.
Esta familia ha solicitado que la judicial competente anule estas escrituras que consideran falsas.
LA SEÑALAN DE LLEVARSE UN GANADO QUE NO ES DE SU PROPIEDAD
El 28 de julio de este año los señores Marvin Paizano Flores y María del Rosario Obregón introdujeron en el Juzgado de Distrito del Crimen de Rivas, una demanda en contra de la abogada Marlene Paizano Hernández, Sebastián Romero Condega, Bismarck Condega y Gilberto Condega, a quienes señalan de haber cometido el presunto delito de abigeato.
La señora María del Rosario Obregón, que reside en la finca “Palmares”, ubicada en la comunidad de Santo Domingo, cuenta que en 1987 comenzó a “entablar una relación marital” con el señor Gerardo Adolfo Paizano Montiel (q.e.p.d.) con quien se trasladó a vivir al lugar antes señalado; en esta finca habían quedado “más de veinte animales (ganado)”.
Este señor anteriormente estaba casado con la señora Petrona Paizano, quien es hermana de Marlene Paizano Hernández.
En diciembre de 1992 el señor Gerardo Paizano falleció sin dejar un testamento, por lo que en el Juzgado de Distrito de lo Civil en Rivas se promovió una declaración de herederos con fecha junio 1998, que ratificaba herederos universales a siete de los nueve hijos del señor Paizano.
En esta declaratoria no se tomaban en cuenta a los hijos del matrimonio de la señora Petrona Paizano; no obstante la abogada Marlene Paizano en fecha 14 de noviembre de 1994 promovió una igual declaración de heredero donde aparecían como herederos universales los menores Wilfredo y Martha Alicia Paizano.
Se dividirían las propiedades de nombre Santa Ana y Palmares; pero hasta el momento las diferencias familiares no han podido resolverse y cada uno actúa por su lado.
Obregón asegura que en 1997 apareció Marlene Paizano Hernández a llevarse el ganado, porque Gerardo Paizano tenía unas deudas, pero “mi marido nunca tuvo jaranas con nadie”, agregó.
“Agarró el ganado, y se lo llevó”, dijo Obregón, quien puso en conocimiento de este caso a la CSJ.
JUZGADO DE RIVAS NIEGA EXPEDIENTE A LA PRENSA
Según versiones de algunos cooperativistas, este caso se encuentra abierto en el Juzgado de Distrito de lo Civil de Rivas. LA PRENSA no pudo corroborarlo puesto que en ese juzgado indicaron que los expedientes son de carácter privado.
Augusto César Potoy, miembro de la Cooperativa Héroes y Mártires de la Revolución dijo que para 1994, se apareció la abogada Marlene Paizano Hernández con unos señores argumentando que eran socios de esta Cooperativa.
Con el tiempo “nos trabaron un embargo”, porque supuestamente ellos habían aportado a la Cooperativa una cantidad de dinero y “esa fue su arma para montarnos la jugada”, dijo.
Supuestamente les embargó 40 vacas paridas y les invadieron la propiedad, ubicada en Santa Ana.
Aseguran que tienen cinco o seis años “de pelea” y no han recibido respuesta.
El entrevistado asegura que la propiedad “la tuvieron que dividir para salvarla”; hasta la vez está embargada.
OTRO CASO DE ABIGEATO
En el Juzgado de Distrito del Crimen de Rivas se introdujo el 4 de noviembre de 1997 una demanda por abigeato que aún está pendiente de fallo.
El señor Eduardo José Zacarías Bonilla (quien estaba al cuidado del ganado de la cooperativa), señala a siete miembros de la Cooperativa Edwin Castro de haber cometido este delito, también se argumentaba que Marlene Paizano Hernández “fue a proponer a la venta los semovientes” que pertenecían a esta finca.
Esta demanda está basada en que los señalados habían sacado “23 semovientes y dos bestias” que se encontraban en la finca El Tistero; acción que no podían realizar puesto que este ganado estaba secuestrado”.
En fecha 23 de enero de 1998, en sentencia dictada por el Juzgado Unico de Distrito de lo Criminal, se dictó auto de segura y formal prisión en contra de los siete procesados y “se declara incompetente esta autoridad para conocer en esta causa sobre la responsabilidad penal en el presente delito investigado de abigeato en la persona de la doctora Marlene Paizano Hernández”; entonces la causa se delegó al Tribunal de Apelaciones de la IV Región.
La Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada, “confirma el auto de prisión decretado por la Juez Unico de Distrito de Rivas en contra de los procesados”.
En esa misma resolución “se deja la causa abierta en contra de la licenciada Marlene Paizano Hernández para que la juez proceda de conformidad con lo hecho en los considerandos de esta sentencia y así con mejores elementos de juicio, resolver lo que proceda”.
Justamente después de esta resolución aparece un testimonio firmado el 20 de junio de este año, donde todos los miembros de la Cooperativa “desisten de iniciar cualquier acción penal o civil que tenga relación con los bienes de la cooperativa en contra de la licenciada Marlene Paizano”. Pero aún este caso está en espera de un fallo oficial.
ABOGADA SE QUEDA CON 72 MANZANAS DE TIERRA
El vicepresidente de la Cooperativa “Edwin Castro” (ubicada en El Tistero), Francisco Emilio Mena, dijo que la cooperativa decidió vender una parte de sus tierras para pagar una deuda.
Según Mena, se autorizó que se vendieran 80 manzanas, “pero de repente la señora Paizano escrituró la venta de 172 manzanas de tierra, de las cuales 72 aparecían a nombre de ella”.
Este agricultor dice desconocer cómo la abogada Paizano se apropió de esas tierras y asegura que ella presentó un escrito diciendo que “sólo firmando ese documento saldrían cuatro campesinos que estaban presos” y fue así que lo firmaron. Este documento decía, entre otras cosas, que se desistía de entablar demandas en contra de la abogada.
Para el ex presidente de esta Cooperativa, José Ríos Mairena, la explicación del porqué Marlene Paizano posee legalmente esas 72 manzanas es más simple.
A la abogada Paizano en ese entonces la contrataron para que hiciera ciertos trabajos a la cooperativa. “Luego los socios decidimos que como nosotros no teníamos reales le iban a dar unas tierras en pago del trabajo que estaba haciendo” y así le entregaron 72 manzanas.
Pero también argumenta que esa cantidad de manzanas era un pago para que la abogada Paizano les hiciera unas escrituras para dividir las tierras de esta Cooperativa entre todos los socios; pero asegura que todavía no lo ha realizado.