LA PRENSA exigirá justicia y por tanto recurrirá de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del reparo fiscal que pretende imponer la DGI.
Los abogados de LA PRENSA, Roberto Argüello Hurtado y Julio Francisco Báez Cortés, advierten en un análisis jurídico que la resolución de la Asesoría del Ministerio de Hacienda no aborda el centro del juicio administrativo que originó el reparo y no explica las razones por las que se pretende aplicar el mismo.
La resolución de la Asesoría del Ministerio de Hacienda confirmó la declaratoria de deserción de un recurso de apelación interpuesto por LA PRENSA contra la DGI.
A juicio de los juristas, la DGI ha desnaturalizado el concepto de garantía satisfactoria al obligar al recurrente a presentar una garantía bancaria cuyo costo es del dos al tres por ciento del monto del reparo, con lo cual se transgrede el artículo 165 de la Constitución Política y el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, disposiciones que consagran el principio universal de gratuidad de la justicia.
Según los abogados de Editorial LA PRENSA, un principio básico en materia jurídico-impositiva sostiene que la fianza para tramitar un recurso de apelación, nunca debe constituir un costoso presupuesto procesal. “Es por ello que Editorial LA PRENSA considera inadmisible desde todo punto de vista que la valoración o calificación de una fianza por parte de la DGI se convierta en el asunto principal objeto de la impugnación administrativa y no, como legalmente debería de ser, en un requisito complementario del proceso fiscal”.
Los propietarios de Editorial LA PRENSA consideran que en este juicio han habido tantas violaciones a la Constitución Política y situaciones irregulares que sólo conllevan a suponer que existen incontables móviles políticos expresados a través de una serie de maniobras al margen de la ley en las que se pretende obligar a dicha empresa a un pago indebido.
La resolución del citado Tribunal fue firmada por José Francisco Largaespada Torres y Carlos Bayardo Romero Molina, presidente y vicepresidente del Tribunal, respectivamente.
Según los abogados de Editorial LA PRENSA, el juicio administrativo no termina con esta resolución de la Asesoría del MHCP, sino que sigue con el Recurso de Amparo que se interpondrá ante la CSJ, por la solidez jurídica del caso, razón por la cual agotarán las instancias que correspondan. A la vez, no descartaron una maniobra de la administración tributaria para pretender hacer efectivo un pago indebido.
Los abogados de Editorial LA PRENSA afirman que “pocos casos en la historia fiscal de Nicaragua gozan de la solidez jurídica de que dispone este periódico para desvanecer por completo este reparo”.
A la vez advirtieron sobre los peligros de una maniobra para hacer que LA PRENSA pague algo a lo que no está obligada. “Si ello ocurre, la administración tributaria cometería delito”, expresaron los abogados de la empresa.