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Isla por cárcel para alcalde

Rosario Mendoza Corea [email protected] La bella Corn Island, en el Caribe nicaragüense, es ahora la cárcel del alcalde George Howard, luego que la jueza de esa localidad, Nelly Won, giró orden de arresto domiciliar en su contra, por el presunto delito de daños y perjuicios en una propiedad de la abogada Linda Aracely Domínguez. Howard […]

Rosario Mendoza Corea [email protected]

La bella Corn Island, en el Caribe nicaragüense, es ahora la cárcel del alcalde George Howard, luego que la jueza de esa localidad, Nelly Won, giró orden de arresto domiciliar en su contra, por el presunto delito de daños y perjuicios en una propiedad de la abogada Linda Aracely Domínguez.

Howard supuestamente mandó un patrol para botar un cerco que estaba en la propiedad de los anteriores dueños que le vendieron a Domínguez, sin embargo, el edil asegura que esas personas nunca tuvieron título de ese terreno.

Desde el 18 de septiembre pasado la juez Won recibió una denuncia contra el alcalde Howard. Un día después, la juez ordenó el arresto domiciliar contra el edil, por lo que dicho funcionario no puede salir de la isla mientras dure el juicio.

El alcalde George Howard consultado vía telefónica por LA PRENSA, confirmó lo de su arresto domiciliar y dijo que no es competencia de la juez tomarse esta atribución porque “soy alcalde y mi actuación responde a la ordenanza del Consejo Regional”.

En el juicio sale a relucir que la propiedad presuntamente dañada por el alcalde y que pertenece a Linda Araceli Domínguez, fue comprada por la quejosa a la señora Jebon Sirker Szenttornyay, apoderada generalísima del señor Norman Crowdell, ciudadano norteamericano.

Sirker confirmó los hechos y dijo que las denuncias contra el alcalde Howard “son reflejo de las arbitrariedades y abusos cometidos por el edil en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Agregó que presuntamente “el alcalde asigna ilícitamente” terrenos pertenecientes al ciudadano norteamericano Norman Crowdell. Sirker también dijo que el edil supuestamente ha donado lotes de dicha propiedad a varias instituciones estatales, por lo que a su criterio, el funcionario ha incurrido en un delito.  

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