- Los capturados alegan que los contrataron para empleos legales
Los tres únicos detenidos por su presunta participación en las ilegales operaciones del telepuerto manifestaron que su delito fue actuar de buena fe porque siempre creyeron que trabajarían en un establecimiento destinado a funcionar como escuela de computación y de navegación de Internet.
Carlos Dionisio Suazo indicó que a él lo contrataron como vigilante y como tal ganaría 750 córdobas, mientras que Wilfredo Ramón Parrales devengaría 1,500 córdobas.
Tanto Suazo como Parrales negaron haber rendido declaración en la Policía para “hundir” a José Zamora Cruz, pues los textos ya estaban hechos para obligarlos a firmar, porque de lo contrario “me iban a fundir con veinte años si no le echaba la culpa”.
El primero indicó que fueron los hermanos hondureños los que instalaron la antena pero agregaron que las conexiones telefónicas las hizo personal uniformado que se movilizaba en vehículos de Enitel.
Por su parte, Dimas Fausto Acuña precisó que un día fue a Enitel de Altamira para gestionar el traslado de su línea telefónica hacia Mateare cuando un hombre de buena apariencia que se identificó como Carlos Centeno, le dio 100 córdobas a cambio de que le prestara su cédula para tramitar una nueva línea.
Antes de ser encartado por la Policía, Róger Morales Navarrete dijo que fue el jefe de la Sección de Cables y Mediciones, Gregorio Balmaceda Rayo, quien le dio el visto bueno sobre la factibilidad de “sacar una reserva y atender varias solicitudes” en el lugar donde el telepuerto fue detectado. “Yo orienté la preasignación y las instalaciones”, aseguró.
Por su parte, Manuel Pérez Molina, uno de los testigos de la Policía, declaró que José Zamora Cruz lo buscó hace dos meses para pedirle unas líneas telefónicas para una empresa de computación que se llamaría Ciber Café.