- Un guatemalteco, un cubano y un tico trabajan en la redacción del proyecto de lo que será el nuevo Código Procesal Penal de Nicaragua.
Magistrados de la CSJ recibieron el proyecto de Código Procesal Penal sin
conocer con anterioridad cuál es el contenido del documento.
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
Avales y críticas, alabanzas y censuras. Es lo que ha generado el proyecto de Código Procesal Penal, cuyo borrador fue entregado recientemente por la comisión redactora a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en medio de no pocos reproches de quienes lo consideran una imposición de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) a través de extranjeros.
Mientras los críticos han sido señalados como “resentidos”, porque supuestamente fueron expulsados del proceso de redacción, otros apuntan presuntos indicios de oportunismo y servilismo de quienes a su juicio cobraron una buena tajada por copiar la legislación anglosajona y nombrarla como Código Procesal Penal de Nicaragua.
Una vez que sea aprobado por la Asamblea Nacional, la aplicación del Código transformará el método en que por más de 100 años se ha impartido justicia, porque en vez de escritos, los juicios penales serán orales.
Si bien reconocen la imperiosa necesidad de modernizar la legislación nicaragüense, entrevistados como el Procurador General de Justicia catalogan la realización del borrador como “excelentísima”. Otros como el ex juez de lo Penal Ramón Rojas aseguran que trastoca algunos derechos ciudadanos y constitucionales y no es un cambio que se deba hacer de la noche a la mañana.
La polémica se ha disparado, pero lo cierto es que el conocimiento del contenido del texto es casi nulo, pues la mayoría de los entrevistados, incluidos magistrados de la CSJ como Francisco Rosales, Fernando Zelaya, Julio Ramón García, Armengol Cuadra y Yadira Centeno, declararon que aún no lo han analizado.
GUATEMALTECO DICE QUE PARTICIPARON 450 ABOGADOS NICAS
La redacción del borrador del Código Procesal Penal la dirigió el doctor César Barrientos Pellecer (ex Procurador General de Justicia de Guatemala), quien el 22 de septiembre dijo a LA PRENSA que en el proceso intervinieron 450 abogados nicaragüenses integrados en asociaciones y organismos no gubernamentales.
En este borrador han trabajado además de César Barrientos Pellecer, el cubano Luis Salas y el doctor José María Tijerino (ex Fiscal General de Costa Rica), quienes finalmente redactaron el texto del Código Procesal Penal que le fue entregado a los magistrados de la CSJ.
Según Barrientos, si bien se tomaron elementos de la legislación procesal de otros países, el borrador del estatuto es original y nicaragüense porque recoge los aportes de los nacionales y está a la altura de las exigencias democráticas y de los derechos individuales y constitucionales.
DEMASIADOS CONSULTORES
– Para el Procurador General de Justicia, doctor Julio Centeno Gómez, el anteproyecto está bien hecho porque entre otras cosas le da su lugar al Ministerio Público, contrario a “un poco de diputados que han estado obstruyéndolo”.
– Centeno dijo que trabajó en él con los asistentes de la AID y destacó que si bien al inicio objetó unos veinte aspectos, sobre todo referidos al Ministerio Público, al final sus señalamientos fueron incorporados al texto.
– No obstante, confesó que la presencia de “tantos consultores” en este tipo de proyectos provoca que “se pierda la realidad de nuestra experiencia histórica” y aunque reconoció que hay bastante injerencia extranjera y él en particular es un poco desconfiado de los consultores, dijo que “cuando le dan participación (a los extranjeros) para que expresen criterios, nos orientan”.
– Con relación a las críticas de algunos juristas al espíritu del estatuto, dijo que éstos lo hacen por ignorancia, porque por ejemplo, el Principio de Oportunidad que el Código estipula existe en todas partes del mundo y sin el mismo, un Ministerio Público no sirve para nada.
– Explicó que dicho principio opera cuando las penas no son mayores, al tiempo que se preguntó: “¿De qué te sirve tener a un hombre preso y muerta de hambre a una familia?. Ahí vienen los arreglos… pero donde se va a ver más (el principio de oportunidad), es en el tráfico de drogas y en el crimen organizado”, advirtió.
– En ese sentido, señaló que si el indiciado suministra información se le pone una pena mínima y esto “es un operativo esencialmente práctico para la justicia, porque ahora no se anda buscando cómo meter preso a un hombre, sino cómo remediar problemas sociales”.