- Denuncian irregularidades en una alcaldía, un Consejo Regional, y Marena
José Adán Silva [email protected]
La Contraloría General de la República, (CGR), emitió ayer una resolución determinando responsabilidades administrativas en contra de diez miembros en funciones y retirados del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, asegurando que cometieron irregularidades al aprobar la venta de la planta Santa Matilde, o Bluepesca S.A., propiedad del gobierno regional.
Según la resolución, la CGR declaró de oficio la nulidad absoluta de la promesa de venta y compra definitiva de los activos fijos de la citada planta procesadora de mariscos, junto con todas sus mejoras, edificaciones, plantas, accesorios y conexos, por un precio de 200,000 dólares a favor de la Empresa Procesadora del Mar S.A. (PRODEMARSA), que se efectuó mediante escritura pública del 29 de abril de 1998.
La investigación de la CGR comprobó que la venta de la propiedad fue aprobada por una mayoría relativa del Consejo Regional.
La resolución también señala que en la auditoría quedó demostrado que los miembros del Consejo Regional que votaron a favor de la venta del inmueble, obviaron las disposiciones legales contempladas en la Constitución Política que establece que Nicaragua es “un Estado independiente, libre, soberano y unitario”, es decir, que los bienes del Gobierno Regional son parte integrante del Estado de la República, y por lo tanto, no son comerciables o transferibles en transacciones económicas.
Las responsabilidades administrativas determinadas por la CGR son contra Leonzo Knigth Julián, ex presidente; Filmore McDonald Vans, ex segundo fiscal; José Andrés Ramírez Charlie y Melboure Jackson Henríquez, y contra los consejeros reelectos Juan Pablo Oporta Martínez, Cándida Rosa Acevedo Rocha, Lidio Mariano Urbina Martínez, Basilio Ausencio Benjamín, Paúl González Tenorio y Oscar Torres Flores.
MAS “PEGADOS”
La CGR también encontró responsabilidades administrativas y presunciones penales contra el ex administrador de la alcaldía de Rosita, Victorino Martínez, por no justificar un faltante de 118 mil 127 córdobas; por manejar a discreción los fondos de la Comuna, y por “recetar” préstamos sin autorización y de forma irregular.
– También se le encontró responsabilidad administrativa al alcalde de Rosita, Santiago Schock García, por incumplir a la Ley Orgánica de la CGR, y por no supervisar y controlar las acciones y funciones de su administrador financiero.
– Asimismo la CGR confirmó en su totalidad el pliego de glosas y responsabilidad civil contra William Colleman Molina y Fausto Cristy, delegado regional y municipal, del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en Puerto Cabezas. Ellos deberán reintegrar más de 200 mil córdobas no justificados en descargos por aprovechamiento forestal.