- Liberales con enfermedades
terminales demandan que se
revoque expulsión - Cierre de clínica en Mulukukú
afecta a unas 30 mil personas de
19 comunidades
William Briones Loáisiga [email protected]
Los ministros de Gobernación José Marenco y de Salud Mariángeles Argüello, serán convocados con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional, para que expliquen sus actos contra la enfermera estadounidense Dorotea Granada, contra quien el Gobierno ordenó su expulsión inmediata del país el pasado ocho de diciembre, mientras ayer, subordinados de Argüello ordenaron cerrar la clínica privada de Mulukukú, donde atendía Granada.
Aunque la Dirección de Migración y Extranjería le había extendido cédula de residencia el pasado 25 de mayo, con vencimiento el 9 de septiembre del 2001 y sin escuchar su versión, Marenco ordenó el pasado 7 de diciembre al jefe de la Policía Nacional, “garantizar el cumplimiento” de la resolución ministerial 69-2000 que brinda plazo de 24 horas para sacarla del país.
Entre tanto, funcionarios del Silais Matagalpa, ordenaron ayer el cierre de la clínica donde atendía Granada, a pesar que Mulukukú pertenece geográficamente a la RAAN y la misma opera como clínica privada de la Cooperativa “María Luisa Ortiz”, lo que de acuerdo al personal que labora en ese centro, pone en riesgo la vida de al menos 45 mujeres que padecen de cáncer cérvico-uterino, las que “por falta de atención, seguramente van a morir”.
Francisca Roida Rojas de 79 años de edad, dijo padecer de cáncer y demandó la permanencia de Granada porque de lo contrario morirá sin atención médica. “Soy liberal y Dorotea nunca me preguntó si era de algún partido o de alguna religión”, expresó. Alfredo Ochoa, con padecimiento de cirrosis, también se declaró liberal y sorprendido por la orden de cerrar la clínica. Demandó la permanencia de Granada “para que no nos muramos”, dijo ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional la mañana de ayer.
El Procurador de los Derechos Humanos Benjamín Pérez y la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, coincidieron con el diputado Nelson Artola, presidente de la Comisión parlamentaria, en que debe convocarse de urgencia ante el Parlamento a ambos ministros, además de expresarle por escrito la inquietud de los pobladores de Mulukukú, al presidente Arnoldo Alemán.
CRITICAN PROCEDIMIENTO
La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, dijo que “la orden de expulsión emanada del Ministro de Gobernación, es completamente ilegal porque ha hecho uso arbitrario de la Ley de Extranjería y del Código Procesal, porque no se le puede despojar de la residencia a una persona cuando se le ocurra. Además, que nadie puede ser condenado sin ser oído”, recordó.
CIERRE DE “RUTINA”
– A las 11:00 a.m. de ayer, llegaron a la Clínica de Mulukukú (RAAN) Armando Parajón y los doctores Sergio Gutiérrez y Juan Darce, funcionarios del Silais Matagalpa, expresando que la clínica que es propiedad privada, se cerraba por no estar registrada en el Minsa.
– Los portadores del cierre del único centro asistencial de la localidad, no ofrecieron alternativa a los pacientes y dijeron a los miembros de la clínica, que era “una visita de rutina y que por la lejanía de la misma, no habían llegado antes”.