Hace unos dos mil cuatrocientos años Platón inició su famosa obra La República, preguntándose “¿Qué es la justicia?”, y acto seguido refutó la idea de que la justicia consistiera en el interés de los que tienen poder. Desde entonces, la pregunta de Platón ha ocupado la mente de grandes filósofos y pensadores en todo el mundo y ha estado inmersa en el corazón de toda filosofía moral, política y legal, a tal punto que con frecuencia se le considera la pregunta más importante del pensamiento político.
La posibilidad de que la justicia fuera el interés de los poderosos es una idea arcaica y aberrante que ha sido descartada de todas las legislaciones modernas. Sin embargo, la descalificación de esa idea es más teórica que práctica, al menos en Nicaragua. En este año 2000, que concluirá mañana, hemos observado hechos verdaderamente insólitos que validan la creencia ampliamente arraigada en muchos nicaragüenses de que existe una justicia para los poderosos y otra para los débiles.
Basta ver los casos de las dos quiebras bancarias acontecidas este año, y el sobreseimiento legal definitivo de un individuo que —con nexos familiares en las más altas esferas del poder militar— ultimó a balazos a un campesino desarmado. En la primera quiebra bancaria, el Gobierno, con gran estridencia y derroche de publicidad denunció la comisión de acciones fraudulentas. Ligado a ese mismo caso se conoció de la estafa en un almacén general de depósito en el que cientos de miles de sacos de café fueron sustituidos por cascarilla de arroz, haciendo incluso que desapareciera del panorama financiero nacional el Bono de Prenda que tan ampliamente se usaba en las transacciones financieras y bursátiles. Posteriormente, otro banco fue declarado en quiebra en medio de una escandalosa denuncia de abusos cometidos por sus directores en el proceso de autoconcesión de préstamos.
Hasta el día de hoy no se conoce con precisión cuánto le costarán a los contribuyentes —léase, al ciudadano nicaragüense común y corriente— esas quiebras bancarias. Se estima que el golpe para la ciudadanía puede ser del orden de los 180 millones de dólares, o aún más. De momento, lo único que conocemos con certeza es que no hay una sola persona en la cárcel como consecuencia de esos delitos. Todos los involucrados en esos escándalos han sido sobreseídos y están disfrutando de plena libertad y del producto de sus fraudes.
Mientras tanto, las cárceles están llenas de personas que pagan largas penas por haberse robado artículos cuyos valores, en algunos casos, son irrisoriamente bajos. Eso es una gran injusticia. De ninguna manera estamos insinuando que estos últimos no deban de ser castigados por sus delitos, pero lo que resulta totalmente inaceptable y dolorosamente injusto es que sólo a ellos se les castigue, y que a quienes han robado decenas de millones de dólares no se les aplique el peso de la ley ni se les haga pagar en prisión sus fechorías.
La aplicación selectiva de la ley, aparte de ser una gran injusticia que atropella la dignidad de los pobres y de los débiles, tiene consecuencias graves en el orden económico del país, ya que ahuyenta la inversión nacional y extranjera y perpetúa el estado generalizado de pobreza. El daño causado a la nación por esos colapsos financieros no se limita a los aproximadamente 180 millones de dólares mencionados atrás, sino que a ellos habría que sumar los cientos de millones de dólares de inversión que jamás vendrán a Nicaragua mientras se perciba como un país en el que no hay justicia. Este un problema sumamente serio que merece la atención de toda la sociedad.
El Poder Judicial en Nicaragua necesita reestructurarse con urgencia y por completo. De nada sirve que se gasten millones de dólares para dotarlo de equipo sofisticado y para construir instalaciones lujosas para la Corte Suprema de Justicia, si los magistrados son escogidos por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, no para hacer justicia, sino para defender los intereses de los partidos políticos en los que militan. Un país sin justicia es un país condenado a la anarquía y al subdesarrollo. Nicaragua y sus ciudadanos merecen mejor suerte.