- Tünnermann: Reformas sólo han servido para controlar y distribuir el poder
Consuelo Sandoval [email protected]
Un verdadero retroceso a la institucionalidad y la democracia significaron las reformas a la Carta Magna que partidarizaron los Poderes del Estado y dieron origen a una nueva Ley Electoral que violenta el principio constitucional del pluralismo político, opinó el presidente del grupo Cívico Etica y Transparencia, Carlos Tünnermann.
“Indudablemente esas reformas que fueron producto de lo que algunos llaman pacto, acuerdos o negociaciones, implicaron para el país un gran retroceso en su institucionalidad democrática, es decir, de la historia de los distintos pactos políticos suscritos han sido un retroceso institucional, casi siempre esos actos no han contribuido al adelanto democrático, sino que han sido inspirados en el deseo de controlar y distribuir el poder entre los que suscriben estos acuerdos”, estimó el analista.
PACTOS Y ACUERDOS
Tünnermann considera que “quizás en la historia de Nicaragua, el acuerdo entre los generales Tomás Martínez y Máximo Jerez haya sido el que benefició porque trajo paz, tranquilidad y permitió a Nicaragua entrar en una nueva etapa en la historia, después de la Guerra Nacional en 1858, que dio inicio al período de los treinta años de los conservadores.
Los acuerdos en la época de los Somoza les permitía dar continuidad a la dictadura somocista que logró durar más de cuarenta años en el poder. “Este último acuerdo se negoció en 1999 y que se concretó en el 2000 con las reformas constitucionales y la nueva ley electoral que implicó un retroceso en relación a las enmiendas logradas en 1995”, manifestó.
REFORMAS 1987 VS 1999
“Mi opinión personal es que las reformas de 1995 hicieron una Constitución con poderes más balanceados, limitó el excesivo presidencialismo de 1987 y restableció atribuciones que se le habían quitado a la Asamblea Nacional como la aprobación del presupuesto que era fundamental. Con las enmiendas de 1987, la aprobación del presupuesto quedaba en manos del Ejecutivo, dijo. Recordó que las reformas de 1995 establecieron la prohibición de la reelección presidencial, fortalecieron la Contraloría.
Las reformas constitucionales acordadas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), supuso la ampliación de siete a dieciséis magistrados en la Corte Suprema de Justicia, de cinco a siete magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), y de un Contralor a cinco integrantes colegiados en el Consejo Superior de la Contraloría.
Resulta discutible para el jurista, el aspecto que se relaciona con la recuperación del derecho a ser electo a un cargo de elección popular por personas que decidieron renunciar a la nacionalidad nicaragüense, siempre que la hayan recobrado cuatro años y radiquen durante ese tiempo en Nicaragua antes de realizarse los comicios.
Unos opinan que no tenían derecho a postularse y otros argumentan que muchos adoptaron otra nacionalidad debido a la guerra de los años ochenta, señaló.