Sergio Cuarezma
Este lunes iniciamos el primer año del siglo XXI, el primero del milenio. Quedó atrás un siglo, nada pacífico, hubo de todo, hechos positivos y graves errores; sueños y heridas, esperanzas y mucho dolor. Llegamos a uno nuevo, no sólo por eso las cosas han cambiado o tienen que cambiar, pero si queremos ser distintos, que las cosas sean diferentes, tenemos que reflexionar sobre los hechos buenos y los desaciertos, y sobre todo plantearnos desafíos.
No cabe duda, que el país experimentó un avance positivo en la transformación del Estado (legal) de Derecho, especialmente a fines del siglo XX. Pero hay otro tipo de Estado, el que la gente ve, siente y rechaza a diario, que debemos de erradicarlo, me refiero al Estado Real, muy diferente del Estado Formal o Legal de Derecho. El país encuentra, en sólo entrar en el nuevo siglo, que las relaciones de producción económica en muchas partes de nuestro territorio aún no han variado y continúan siendo de naturaleza feudal; que la distribución de la riqueza no es equitativa ni justa, y que hay profundas y marcadas desigualdades que impiden objetivamente a la persona acceder a disfrutar del Estado de Derecho en construcción: es muy difícil que una persona pobre y analfabeta pueda acceder a la justicia o a la Administración pública y le resuelvan sus expectativas y necesidades; el Estado de Derecho no sólo significa el importante hecho de crear una Casa de Justicia, sino que la persona acceda a ella, con confianza de que la obtendrá y de que ésta no está comprometida con el poder.
Los desafíos son muchos, para comenzar hay que evitar que la democracia se estanque en sus logros iniciales, para remontarse hacia nuevas ofertas y que las elecciones no hagan de la democracia una formalidad, una democracia formal, sino una oportunidad para crecer socialmente, una democracia social. La democracia se expresa en una realidad jurídico-política, en nuestro caso satisfaciendo a los actores políticos y a las instituciones del Estado, satisfacción que debe ser compartida también por la población, para que la misma sea plena y su proceso lleno de contenido y de expectativas positivas.
Para estos primeros años del Siglo XXI es necesario fortalecer el esfuerzo de promoción del Estado de Derecho y el fortalecimiento de sus instituciones, ya que el valor de las instituciones es fundamental para el proceso democrático que vive el país; distribuir territorialmente el poder y promover la participación democrática más extendida y gobernable; los partidos políticos deben sufrir una inevitable transformación, de modo que sus objetivos y funciones se hagan acordes con las demandas de la sociedad y del proceso histórico-cultural que experimenta el país; el Estado debe definir un plan estratégico de desarrollo nacional a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos de dicha estrategia deben componerse de valores abstractos y de una interpretación de lo que su realización requiere.
Todo ello implica un cambio de naturaleza del propio Estado y del pensamiento político y, por último, la transformación del país no puede ser concebida tan sólo como un esfuerzo de transformación formal con relativa coherencia interna, sino como un esfuerzo orgánico integral y continuo de cambios sociales, que ha de tener como premisas y como resultado esperable, un cambio cultural de gran dimensión para que la sociedad además de comprender los mismos se apropie de sus logros.
* El autor es experto en Derecho Penal y Criminología.