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Un Tribunal de Justicia en un juicio de primera instancia puede sobreseer provisionalmente o definitivamente a un procesado, como también le puede dictar auto de segura y formal prisión. Dichas sentencias están sujetas a impugnación en la Corte de Apelación y luego en la Corte Suprema de Justicia. Esto establece el sistema de justicia penal en Nicaragua.
Pero resulta que en nuestro país hay un Poder Judicial frágil y los casos que se conocieron el año pasado dan tristeza.
Señores, no entremos a analizar qué dicen los tomos, los tratados y la doctrina alrededor de los conceptos del delito y la culpabilidad en un hecho punible. Observemos qué dice la norma del derecho penal nicaragüense, analicemos realmente qué establece la legítima defensa, las atenuantes y agravantes en la comisión de un delito y la validez indiscutible de las pruebas. Pero si todos estos elementos jurídicos se utilizan parcialmente motivados por alguna razón, no hay justicia que valga.
Una cosa es ser inocente absoluta, total e indiscutiblemente de un hecho criminal, es decir, que jamás, nunca, del todo ha cometido el delito. Por ejemplo, alguien acusó de homicidio a otra persona, pero resulta que el supuesto autor material del crimen ese día estaba fuera de la localidad, el departamento o el país. Entonces, nunca ha matado a otra persona. El imputado de ese crimen es inocente.
¡Ah!, otra cosa es que un Tribunal de Justicia resuelva que durante el proceso judicial por dicho crimen, el acusado es sobreseído definitivamente, pero el hecho existió como tal, por tanto, existe materialmente una víctima y un victimario. El victimario puede ser no culpable por falta de evidencias que demuestren su responsabilidad penal, pero no es inocente; son dos términos distintos.
En la medida que en Nicaragua la institucionalidad del país avance correctamente, tenemos la esperanza que algún día la justicia se aplique no sólo amparado en el andamiaje jurídico de la norma interna, sino también de los instrumentos jurídicos internacionales, pero para eso se requiere más solvencia moral y ética de los funcionarios públicos, gente con convicciones y certezas de hacer las cosas correctamente, tal como lo manda la Constitución Política y las leyes vigentes del país.
En este sentido, están vivas las palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien recuerda que los derechos humanos deben ser ante todo garantizados por el Gobierno y el Poder Judicial; estos no son patrimonio de ningún sector en particular, sino de toda la población.
Pero cuando quienes ejercen el poder político o financiero, se sienten inmunes a determinadas violaciones de derechos y prefieren desentenderse de las que sufren otros o desacreditar el valor de los derechos humanos, incurren en una terrible hipocresía, pero al mismo tiempo en una enorme ingenuidad: dejan de contar con el tiempo, con la dinámica, con la dimensión que nos enseña que el poder y el dinero pasan muy rápido de manos.