A fines de diciembre recién pasado, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) hizo llegar al Presidente Arnoldo Alemán una carta de protesta por la aprobación de la Ley de Colegiación de Periodistas, y le pidió al mandatario nicaragüense vetar la mencionada ley porque “es contraria al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua, el cual garantiza la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”.
Anteriormente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también había protestado ante el Presidente Alemán por el mismo motivo, e igualmente le pidió vetar la Ley de Colegiación de Periodistas que atenta contra el principio y la práctica de la libertad de prensa, según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tal como informó LA PRENSA el viernes 29 de diciembre, Reporteros Sin Fronteras “es una organización internacional que defiende a los periodistas encarcelados y la libertad de prensa en todas partes del mundo, basada en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene secciones en Alemania, Bélgica, España, Francia, Suecia y Suiza, y representaciones en Londres, Washington y Abidján. Su sede está en París”. RSF es patrocinada por organismos internacionales y supraestatales como el Consejo de Europa y las Naciones Unidas.
La protesta de RSF por la aprobación en Nicaragua de la Ley de Colegiación de Periodistas, cuando en otros países donde todavía existe la están derogando o suspendiendo precisamente porque atenta contra el derecho a la libertad de expresión e información, se encuentra ahora en la página web de dicha organización (www.rsf.fr), en idiomas español, francés e inglés, junto a toda la documentación sobre las violaciones a la libertad de prensa y las persecuciones a periodistas en diferentes partes del mundo.
No se sabe si el Presidente Alemán ha respondido a RSF y a la SIP. Lo que sí se conoció es que el diputado sandinista Alberto Jarquín, uno de los promotores de la aprobación de la colegiación de los periodistas, “negó que esa ley sea violatoria de los derechos humanos y alegó que tal juicio se debía a la poca información que RSF tiene sobre la situación de los periodistas de Nicaragua”. El legislador izquierdista agregó que “lo que se trata con esta ley es organizar un poco el ejercicio de la profesión, al igual que se han organizado los abogados, los médicos, los ingenieros y otros profesionales. Asimismo, el diputado negó que se establezca la obligación de registrarse” (L.P., 29 de diciembre del 2000).
El diputado sandinista oculta que si bien el artículo 1 de la mencionada ley dice que la afiliación al colegio será voluntaria, el artículo 6 establece que sólo podrán ejercer el periodismo quienes estén registrados y sean acreditados por el colegio. Además, el legislador sandinista pretende ignorar la sustancial diferencia que hay entre la práctica de los abogados o médicos, que operan en ámbitos de interés específico de sus clientes, y el ejercicio del periodismo, que es una de las múltiples formas de ejercer un derecho humano fundamental y universal que pertenece a todas las personas y no puede ni debe ser limitado a periodistas titulados o acreditados por un colegio.
Al respecto, basado en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (dictada en 1985), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado claramente que “las razones de orden público que son válidas para justificar la colegiación obligatoria de otras profesiones no pueden invocarse en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 134 de la Convención (Americana de Derechos Humanos), lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que ella misma se fundamenta”.
En realidad, por razones de principios, además de por los roces constitucionales que tiene la Ley de Colegiación de Periodistas, el Presidente Alemán está obligado a vetarla. El, como liberal, debe saber que la libertad de prensa no tiene fronteras y no puede ser limitada ni siquiera y mucho menos por una colegiación forzada, directa o indirectamente, de los profesionales del periodismo.