Segunda autopsia a Comandante 3-80 bota investigaciones nicas

Ocho meses después de muerto, el Gobierno de Estados Unidos decide exhumar el cuerpo de Enrique Bermúdez, y esta segunda autopsia da un giro sorprendente a las investigaciones y trae muchas dudas sobre la seriedad del gobierno nicaragüense para descubrir a los asesinos del famoso Comandante “3-80”

La mañana del 14 de octubre de 1991 hacía frío en Miami. El termómetro de pared que adornaba la antesala de la funeraria del cementerio Woodland Park South, del suburbio de Kendall, Miami, marcaba 17 grados centígrados; un clima extraño en Miami, donde el mercurio puede alcanzar hasta 36 grados en verano.

En medio de esa atmósfera fría y gris de otoño, Elsa sintió que la sangre se le helaba cuando vio que el cadáver de su marido estaba siendo exhumado para una autopsia cuyos resultados posteriores, aún en medio del clima templado de aquel octubre, le hicieron hervir la sangre de tanta rabia que sentía.

La autopsia realizada por el prestigioso médico forense Joe Davis, reveló que a Bermúdez lo habían matado a quemarropa. “No sufrió, fue fulminante”, le dijo Davis, a modo de consuelo, a Elsa de Bermúdez.

El informe médico realizado en los Estados Unidos indicaba que al Comandante “3-80” lo habían fulminado con balas del calibre 32 ó 7.62 x 39 milímetros (el mismo proyectil de AK con que creían en Nicaragua que lo habían matado). El parte médico también señalaba que las balas fueron disparadas de manera simultánea, en trayectoria derecha izquierda y por un arma de presión de aire que no usa pólvora para martillar.

En menos de 12 horas de la intervención casi indirecta de los Estados Unidos en el caso, se caían las principales investigaciones elaboradas por la Policía Nacional en casi ocho meses de pesquisas. El informe policial de Managua indicaba que a Bermúdez lo habían matado de un balazo, en trayectoria ascendente, de izquierda derecha y a distancia.

Arma soviética pude venir del FMLN

Las características de las heridas de Bermúdez pusieron a prueba la experiencia de Davis, quien luego de varias horas pudo asociar los detalles del crimen con un arma de la cual había tenido conocimiento teórico: ComBloc.

Con estos hallazgos, presenciados casi in situ por una delegación nicaragüense encabezada por el propio Ministro de Gobernación, Carlos Hurtado, que llegó a observar los resultados de la autopsia, se contradijo todo lo que las investigaciones nicaragüenses habían avanzado y se comprometió la credibilidad de las anunciadas intenciones del Gobierno de Nicaragua por resolver el caso.

Hurtado dice que luego de conocerse los resultados habló con los médicos encargados de revisar el cuerpo y asegura que éstos le confesaron que no quisieron ir “más allá” porque se sentían “presionados por la magnitud del hecho”.

En Estados Unidos se supo que el arma utilizada había sido detectada por los servicios de inteligencia en 1989 en El Salvador, en un embarque dirigido a las guerrillas del Frente Farabundo Martí (FMLN).

El examen reveló además, que el patrón del disparo “es extremadamente complejo”, y que puso a prueba la habilidad y capacidad del patólogo forense, “por cuanto no era fácil encontrar los pequeños orificios separados entre sí por milímetros”.

Un informe del Senador Republicano Jesse Helms sobre la situación del crimen, a finales de 1991 destacó como irregularidad que la noche del asesinato la Policía no encontró en el sitio los proyectiles usados contra Bermúdez y que, sin embargo, el día después del crimen los investigadores descubrieron una bala a cuatro metros del lugar en donde había caído Bermúdez.

Además, el informe Helms también hizo una serie de señalamientos de irregularidades en las investigaciones, entre ellas el hecho de que la Policía dejó de acordonar el lugar del crimen y dejó de hacer una lista de todos los testigos presentes la noche del atentado.

“La Policía Nacional dejó de investigar los números de las placas (inscritos cuidadosamente por Bermúdez en su cuaderno personal), de los automóviles que Bermúdez sospechaba de seguirlo en los días antes de su asesinato; discrepancias entre el informe forense hecho por la Policía y el informe independiente (pedido por la viuda de Bermúdez) hecho en Miami con relación a la trayectoria de la bala; discrepancias entre el informe forense hecho por la Policía Nacional y el informe independiente que se hizo en Miami con relación al número de balas que se dispararon contra Bermúdez”.

Además, según el documento, las autoridades nicaragüenses se negaron a suministrar a la familia de Bermúdez el informe oficial sobre la autopsia para ayudarle en sus esfuerzos en busca de justicia.

El informe médico dijo que los tiros penetraron en la región parietal derecha de la cabeza de Bermúdez, separados a una leve distancia y disparados a escasos a 50 cm del cuerpo, por un individuo de la misa estatura de “3-80” y complexión de Bermúdez, según el ángulo y precisión del tiro.

Estados Unidos exige justicia

La muerte de quien una vez fuera el máximo líder de la Resistencia Nicaragüense, Enrique Bermúdez, repercutió más allá de las fronteras nicaragüenses cuando el Gobierno de los Estados Unidos entró al terreno de las investigaciones y presionó al Gobierno de Nicaragua para encontrar una respuesta sobre la muerte de uno de sus principales “freedom fighters”.

Un informe sobre los derechos humanos de los ex miembros de la Resistencia elaborado por el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, encabezada por el congresista republicano, senador Jesse Helms, dejaba entrever que las investigaciones de las autoridades nicaragüenses sobre la muerte de Bermúdez, eran deficientes y que aparentemente “no se tomaban en serio”.

El Informe del personal republicano para el Comité de Relaciones Exteriores, Senado de los Estados Unidos, publicado en agosto de 1992, y titulado Nicaragua Hoy, era un estudio para analizar el desarrollo de la democracia en Nicaragua antes de entregar el desembolso de 116 millones de dólares en 1992.

Dijo que para ese entonces había pruebas muy convincentes de una campaña sistemática para asesinar a ex miembros de la Resistencia Nicaragüense. Esta investigación del personal encontró que centenares de ex combatientes de la Resistencia fueron asesinados después que se desmovilizaron y después que llegó al poder la señora Chamorro.

Esto no le gustó a las autoridades norteamericanas que antes de desembolsar los 116 millones de dólares de ayuda a Nicaragua previstos para junio del 92, pidieron a las autoridades nicaragüenses mejorar las condiciones de seguridad de los ex “contras”.

Condiciones

En las recomendaciones, Helms pidió que se hicieran “cambios dramáticos” antes de suministrar más ayuda de Estados Unidos.

“Se deben reunir las siguientes condiciones antes de reanudar la ayuda a Nicaragua”… y de un total de siete aspectos, el de la aclaración de la muerte de Bermúdez fue el número seis.

“Que se hayan llevado a cabo las investigaciones profesionales y juicios a los casos de torturas y de asesinatos de miembros de la Resistencia Nicaragüense. Estos deben incluir el asesinato del ex comandante de la Resistencia Enrique Bermúdez y la tortura del líder de la Resistencia, Arístides Sánchez”, pidió Helms, antes de entregar dinero a Nicaragua.

Helms, un ultraconservador enemigo de los movimientos de izquierda en Latinoamérica, estaba plenamente convencido, y así lo puso en sus informes, que a Nicaragua la gobernaba el general del Ejército Humberto Ortega, a quien se le veía como principal sospechosos del crimen. Pero nadie se atrevía a cuestionarlo por falta de pruebas.

Sin embargo, ante el estancamiento de las investigaciones, Helms, por medio de una carta enviada el 27 de mayo de 1992 pidió a Ronald Roskens, administrador de la AID (organismo de ayuda internacional para el desarrollo) que suspendiera temporalmente la ayuda a Nicaragua.

“Más temprano hoy le pedí a mi director de personal, el almirante Bud Nance, que le comunicara mi oposición a la Notificación Congregacional No. 294, número de proyecto 524-0325, en cuanto a la obligación de 100.000.000 para Nicaragua”.

“Ha terminado la luna de miel. Pienso oponerme a más ayuda a Nicaragua hasta que haya pruebas sustanciales de progreso significativo y duradero en las siguientes áreas (y en un orden de siete puntos), el número quinto decía textualmente: Justicia para los asesinos de Enrique Bermúdez y de los otros 150 luchadores por la libertad asesinados desde que llegó al poder la señora Chamorro”.

Las otras dos cartas fueron el 22 de junio, y el 1 de julio. Luego de un intenso cabildeo, y prometiendo a Estados Unidos resolver el caso con ayuda de agentes de Scotland Yard, Nicaragua logró que en octubre de 1992 el Senado aprobara el desembolso de 116 millones de dólares. La oposición de Helms y un grupo de senadores se basó en un informe legislativo estadounidense que aseguraba que de abril de 1990 a octubre de 1992 habían sido asesinados 217 “contras”.

Acallados los fusiles en las montañas, la Resistencia siguió sufriendo bajas y derramando sangre. Sufrieron 25 mil víctimas en la guerra, y después, ya en tiempos de paz, siguieron muriendo a una razón de 2 por semana. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. compiló una lista de centenares de ex miembros de la Resistencia que fueron asesinados desde el 25 de abril de 1990.

Entre los asesinados están cinco ex comandantes del Estado Mayor del Comando General de la Resistencia y siete ex comandantes regionales. Para 1992 se había matado a cinco comandantes del Estado Mayor de la Contra: Enrique Bermúdez, Francisco Ruiz Castellano (Renato), Israel Galeano Cornejo (Franklin), Diógenes Membreño Hernández (Fernando), Manuel Antonio Rugama (Aureliano), más siete comandantes regionales y 205 comandos.

Apoyo de Bush

Como parte de las presiones contra la administración Chamorro para que aclarara el crimen de Bermúdez, el presidente George Bush (padre) le envió una carta a Elsa de Bermúdez, el 19 de marzo de 1991, donde le manifiesta su respaldo en las investigaciones.

“Queremos apoyar al Gobierno de Nicaragua para resolver el asesinato de Enrique, y hemos ofrecido asistencia técnica en la investigación. Es necesario que los autores de este odioso crimen sean encontrados y enjuiciados”.

El asesino

Dos días después del crimen, la Policía Nacional elaboró un identikit del sospechoso, basado en las declaraciones de los supuestos testigos. Según los datos recabados, el primer sospechoso de la muerte de Bermúdez fue un hombre moreno, pelo y ojos negros, y de complexión recia. El retrato hablado se distribuyó a las principales estaciones policiales y se giró la orden de detener a cualquier sospecho con estas características.

Esta información podría tener correspondencia con las características del tipo de hombre que se necesitó para disparar a Bermúdez. De acuerdo a las investigaciones recabadas luego de la segunda autopsia hecha en Miami, los disparos debieron haber sido hechos por una persona de similar estatura que Bermúdez, quien al momento de su muerte, tenía la misma estatura del hombre del identikit.

Arma homicida

Según los resultados de las investigaciones estadounidenses, el arma que se usó para asesinar a Enrique Bermúdez fue una pistola ComBloc, de fabricación soviética, que usa los mismos proyectiles del AK-47 calibre .32 (7.62×39 milímetros). La ComBloc es una pistola ligera que tiene dos cañones cortos, sólo puede cargar dos balas y su alcance es de 100 metros. Es disparada en base a presión de aire, y por la ausencia de pólvora, no deja huellas ni produce sonidos de explosión al disparar. Requiere manejo especializado y cercanía al objetivo para producir mayor efectividad. No es producida para fines comerciales. Su uso está restringido a nivel mundial y dejó de fabricarse en 1989.

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