Sandra Gómez de Areas
El 22 de diciembre del año pasado el licenciado Plutarco González, coordinador de Delegación Territorial, envió al licenciado Wilmer Reyes, Director General de Finanzas, correspondencia en relación con el Contrato de Arriendo que tengo suscrito con la Alcaldía, sobre el kiosco número 13 ubicado en el Centro Turístico “El Malecón”.
En esa correspondencia se estipula que la suscrita era en deberle a la Alcaldía de Managua la cantidad de (C$31.512.00). Sin embargo, como a raíz del huracán Mitch dicho lugar se tornó inhabitable e intransitable, la Alcaldía de Managua procedió a dispensarme del pago de C$29,012.00, por considerar que no era correcto pagar arriendo sin estar en pleno uso del lugar arrendado, puesto que durante todo ese tiempo no funcionó y por ende no se generó ninguna ganancia, sino más bien cuantiosos daños y perjuicios en mi patrimonio.
Ahora he recibido del señor Luis Abraham Cardoza Díaz, dos notificaciones de cobro de impuestos y se hace de mi conocimiento que tengo un supuesto adeudo de cánones de arriendo por la suma de C$29.512.00.
Me he presentado ante la instancia correspondiente a fin de esclarecer tal irregularidad, pues lo que adeudaba en concepto de impuestos fue dispensado, y por lo tanto dicha deuda debió ser cancelada como era lo legal y justo.
Mi único compromiso, es pagar impuestos a partir del mes de enero del corriente año, con un canon de arriendo de C$1,200.00, cuota fija de C$100,00 y servicio de agua hasta por C$80.00 y no lo que ahora pretenden injustamente cobrarme, tratando de pasar por desapercibido la cancelación que se me hizo en su oportunidad.
Supongo que el alcalde no tiene conocimiento de esta anomalía e injusticia que empaña la buena imagen con que esta Alcaldía está marchando.
Confío en que se cumpla con la ley y se haga una revisión de este caso y procedan a cancelar definitivamente la cantidad que se me está cobrando, pues la dispensa que se me hizo de pagar la cantidad ya referida tiene validez jurídica y así debe mantenerse, pues fue dada por funcionarios con competencia y facultades suficientes para ello y con documentación propia de dicha institución.