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El Gobierno no debe competir con la empresa privada

Nicolás Arróliga Gobernar una nación debe ser una tarea que no tiene nada de sencilla, sobre todo una nación con un pasado y presente tan lleno de vicisitudes como la nuestra. Sin embargo, la empresa privada juega un papel que es cada vez más importante y protagonista. No tiene ni debe de ser el gobierno […]

Nicolás Arróliga

Gobernar una nación debe ser una tarea que no tiene nada de sencilla, sobre todo una nación con un pasado y presente tan lleno de vicisitudes como la nuestra. Sin embargo, la empresa privada juega un papel que es cada vez más importante y protagonista. No tiene ni debe de ser el gobierno el único responsable de garantizar el tan mencionado y esperado desarrollo económico.

Desde hace algún tiempo, o mejor, desde que puede vislumbrarse una pequeña luz de esperanza en Nicaragua, un buen grupo de compatriotas profesionales nos hemos aventurado en el inicio de pequeñas o medianas empresas de servicios de consultoría. Motivados en su mayoría por un sentimiento que mezcla patriotismo, deseos de desarrollo personal y por qué no decirlo ambiciones económicas, que no deberían ser consideradas como pecado. Después de todo no sólo dejamos de ser una carga para el Estado al no estar ocupando un puesto público, sino que también contribuimos con la generación de empleos y el pago de impuestos.

Muchos han sido los tropiezos con los que nos hemos tenido que enfrentar estas empresas de servicios, desde la falta de una política de fomento que facilite el acceso al financiamiento, asistencia técnica, información, etc., hasta la falta de existencia en el comercio de productos especializados. Por ejemplo, en el comercio que nos rodea es más fácil conseguir el último juego de video de la más alta tecnología que conseguir unos repuestos para una impresora que produce mapas o diagramas. Y lo que es peor, los repuestos de la impresora son gravados con los mismos impuestos que los juegos de video.

A pesar de todas esas dificultades, todavía algunos sobrevivimos, más por ser fieles a los sentimientos que nos han motivado, que por la rentabilidad misma del negocio. Sin embargo, después de atravesar esas “comprensibles” dificultades tenemos que sortear una realidad más difícil aún y se trata de competir contra los mismos organismos del Estado. Esta situación es totalmente inaudita si consideramos que el desarrollo tecnológico es la llave del crecimiento económico y que el verdadero desarrollo tecnológico está en manos de esas incipientes empresas de servicio, que están al borde de la extinción por la falta de una pequeña comprensión y solidaridad por parte del gobierno.

La competencia que manifiesto se concretiza de varias formas, en una de sus formas más crueles, los organismos internacionales funcionan como cómplices, se trata de cuando estos organismos internacionales imponen la contratación de consultores internacionales para desarrollar un proyecto, aún cuando existe demostrada capacidad profesional en el país para ejecutarlo y el gobierno, en su papel de contraparte de estos proyectos, lejos de controlar la necesidad de esta contratación internacional, más bien la fomenta. Aún cuando los proyectos mencionados no son necesariamente donaciones sino también préstamos que en algún momento tenemos que pagar. Como consecuencia, nuestros profesionales están marginados no sólo cuando se ven obligados a emigrar a los países desarrollados en donde sí controlan la contratación de extranjeros, de forma que nuestros ingenieros, médicos y técnicos se ven obligados a laborar de obreros, sino que también, de forma absurda, se ven rechazados en su propia tierra en donde prefieren a los “cheles” para que nos vengan a construir nuestro futuro. Esto no significa que no estemos de acuerdo con obtener o comprar ayuda técnica de los países desarrollados cuando realmente se necesite, sin perjudicar el desarrollo de nuestros técnicos.

Por otra parte, existe una competencia directa del Estado cuando en las oficinas del mismo se desarrolla una unidad de servicios que los vende a otros proyectos, aún cuando existe ese servicio en forma privada. Lógicamente el gobierno es capaz de ofrecer un precio más bajo y quizás mejor tecnología, si al final sus gastos son sufragados por nuestros propios impuestos.

Creo que en torno a este tema, el gobierno debería asumir el papel de facilitador y regulador y en vez de competir con estas pequeñas empresas consultoras las debería de censar, regular y facilitar su desarrollo. Esto conformaría una capacidad más sólida y eficiente para enfrentar las crecientes necesidades tecnológicas del país. Por otro lado, la sociedad en su conjunto debemos comprender que no existe el gran “papá gobierno” que todo lo puede y todo nos debe de brindar. Más bien tenemos que desarrollar nuestras propias soluciones para nuestros propios problemas y darle un voto de confianza a nuestros profesionales independientes. Después de todo aquí estamos y seguimos siempre dispuestos a “echar nuevamente las redes” a como dice la Biblia.

* Ingeniero, M.Sc.Presidente de Geodigital S.A.

Empresa de servicios especializada en el desarrollo de Sistemas de Información Geográficos (GIS).  

Economía

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