Francisco Fiallos Navarro*
No es posible lograr una sociedad viable y una economía fuerte sin la existencia de un Poder Judicial sano y competente. En Nicaragua ese Poder del Estado se caracteriza por un nivel de corrupción e incompetencia verdaderamente espeluznante; a tal grado que la Corte Suprema de Justicia ha destituido a centenares de jueces en los últimos años. Las causas principales de esta triste realidad son la politización de la justicia y la inexistencia de una carrera judicial profesionalizada y reglamentada.
La Constitución Política de Guanajuato, México, de 1826, expresaba en su preámbulo algo que refleja perfectamente la realidad presente de los Poderes del Estado en Nicaragua al señalar que: “reunidos los tres poderes forman un torrente que todo lo devasta, sin embargo, cuando actúan por separado son mansos arroyos que fecundan y fertilizan”. En efecto, la separación real y efectiva de los Poderes del Estado —fundamento de la democracia— es una imperiosa necesidad para lograr el desarrollo económico junto con el desarrollo humano integral.
Sin democracia ni respeto a las leyes la sociedad se deshumaniza; no se puede hablar de Estado de Derecho cuando no existe seguridad y justicia para vivir la paz social; no puede haber un sistema de trabajo fructífero y eficiente sin reglas del juego claras y precisas, administradas por un poder judicial profesionalmente competente y moralmente impoluto.
Pocos hechos han incidido tanto en el proceso regresivo de nuestra incipiente democracia como la impunidad de los delincuentes de cuello blanco, especialmente si se contrasta con la indefensión en que se encuentran los pobres y los que no tienen respaldo del poder político para hacer valer sus derechos ante los tribunales. Esta situación constituye una afrenta a la dignidad de todos los nicaragüenses.
El remedio a esta grave enfermedad social requiere de una firme voluntad política para aplicarlo; es la creación y el desarrollo de la carrera judicial. Para ello es necesario un esfuerzo serio y concertado entre los Poderes del Estado, las escuelas de Derecho de las diferentes universidades del país, y de las asociaciones de abogados. Es muy importante que en el proceso de escogencia de los jueces estas desempeñen un papel determinante, y que junto con las Facultades de Derecho sean las que presenten las listas de candidatos a las diferentes posiciones judiciales a la Corte Suprema de Justicia —o a la Asamblea Nacional— para llenar las vacantes existentes.
Un asunto tan complejo y delicado como es el establecimiento de la carrera judicial no se puede improvisar ni dejarlo en manos de los políticos y legisladores solamente. Se necesita comenzar desde las escuelas de Derecho escogiendo a estudiantes que se distingan por su aprovechamiento y demuestren vocación judicial. Es necesario también que a los jueces se les otorgue permanencia y salarios congruentes con la dignidad que conlleva el cargo, haciendo posible los ascensos en base a antigüedad, capacidad y honradez demostrada en el ejercicio de la carrera, y a los resultados de exámenes académicos periódicos y técnicamente preparados.
Es cierto que la capacidad presupuestaria del Estado es precaria en Nicaragua, pero mucho más ganaría el país en términos de productividad económica, inversiones y desarrollo humano si existiese un Poder Judicial confiable; menos jueces, pero capaces y honestos, hacen más por la justicia que muchos jueces incapaces y deshonestos; en ese aspecto los salarios pueden también complementarse con estímulos fiscales y crediticios —regulados por la ley— a los jueces y magistrados, porque verdaderamente sería una inversión social con grandes dividendos para el país.
Al lado de permanencia y remuneración económica justa —yo diría generosa— debería la ley contemplar penas severísimas para los jueces y magistrados corruptos y prevaricadores; se debe de estimular la capacidad y la honestidad, y debe de perseguirse la incompetencia y la corrupción. Los magistrados de la Corte Suprema deberían ser vitalicios, debiendo llegarse a ella como culminación de una larga carrera en la judicatura, con la posibilidad de un retiro con altos beneficios a fin de garantizar la plena independencia de presiones políticas, tan comunes en nuestro medio.
Paralelamente se debe establecer y fortalecer jurídica, económica, y académicamente a la Fiscalía General del Estado, elegida por dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional; y organizar la policía judicial bajo la autoridad de una comisión conjunta nombrada de común acuerdo entre la Corte Suprema y la Fiscalía General.
Lograr la transformación del Poder Judicial requiere de muchos años de esfuerzo continuo —probablemente una generación— porque tiene que hacerse en etapas, cada una de las cuales toma tiempo y no pocos recursos, por lo que la urgencia de iniciar el proceso adquiere características dramáticas; el gobierno que lo inicie dejará un gran legado histórico a las futuras generaciones porque solamente de esa manera Nicaragua podrá convertirse en una verdadera República.
*El autor es abogado, economista y politólogo. Es Rector de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, antes Escuela de Agricultura y Ganadería de Estelí y socio del Buró Jurídico Corporativo.