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La Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley de Suspensión de los Juicios y Ejecuciones de Sentencias por Deudas Contraídas por los Cafetaleros con entidades bancarias, microfinancieras, casas exportadoras y comercializadoras de agroquímicos.
La legislación que tendrá una vigencia de 300 días contempla además el congelamiento del cobro de intereses moratorios y las medidas cautelares derivadas de estos juicios, tales como apremio corporal y secuestros, así como las ejecuciones de sentencias que hubieren sido dictadas en los tribunales por iguales causas.
Los legisladores coincidieron en que la ley no resolverá la actual crisis del sector cafetalero pero evitará la ejecución de los productores, cuyos créditos en su mayoría vencían ayer.
El diputado Edwin Castro reveló que 14 cafetaleros hasta ayer estaban detenidos en Tipitapa, 34 ejecuciones listas para firma en el juzgado de Matagalpa y más de 40 en Jinotega.
Criticó a los judiciales por dictar apremio corporal contra los productores, aplicándoles el Código Comercial de 1902, en clara violación de una norma constitucional, por lo cual, propuso la formación de una junta de juristas para que elaboren un proyecto de ley adecuando las detenciones a la realidad.
Eduardo Rizo, diputado y líder de los cafetaleros, denunció que el Banco Calley Dagnall en Jinotega está obligando a los productores a que vendan a una comercializadora denominada como Atlantic, bajo amenaza de no recibir nuevas habilitaciones si no le venden a su empresa recomendada.
Al respecto, Teresa Montealegre, gerente general del banco mencionado, desmintió el hecho, “nosotros no tenemos exclusividad con ninguna casa exportadora, tenemos varias exportadoras entre las cuales está Atlantic, pero no estamos obligando a nadie a que venda a alguien específico”, indicó.
DUDAS PERSISTEN
Bayardo Arce, advirtió que “esto (la moratoria), podría incluso ser una medicina que mate al paciente, porque si el sector cafetalero no aprovecha la ley que estamos aprobando… no nos extrañemos que mañana los bancos y las casas comercializadoras se nieguen a dar créditos para la próxima cosecha y el problema pueda ser mayor”.