Los productores y exportadores de café, los comercializadores de agroquímicos, los bancos y el Gobierno, llegaron a un acuerdo este jueves para destrabar, momentáneamente al menos, el impasse del sector cafetalero. El acuerdo logrado le permitió al Presidente Arnoldo Alemán vetar la “Ley de Suspensión de los Juicios y Ejecuciones de Sentencias por Deudas Contraídas por los Productores de Café de Nicaragua”, que fue aprobada politiqueramente, por unanimidad, en la Asamblea Nacional el 30 de abril recién pasado.
Como suele suceder en todo período electoral, los partidos políticos buscan quedar bien con los electores por cualquier medio a su alcance. Liberales, conservadores y sandinistas, por igual, pretendieron usar la ley referida con esos propósitos. Sin embargo, los productores del grano de oro se percataron a tiempo del daño que la implementación de la misma les causaría, al quedar prácticamente marginados de la posibilidad de obtener financiamiento bancario para la próxima cosecha. A pesar de eso, y para que el partido de gobierno no tuviese que pagar un alto costo político, el Presidente Alemán se negó a vetarla mientras el veto no le fuera solicitado por todos los sectores involucrados en el problema, lo cual sucedió este jueves, a escasas horas antes de que se venciera el plazo legal para ejercer el derecho de veto presidencial.
No cabe duda que la Asamblea Nacional aceptará el veto presidencial, ya que además de originarse en una solicitud de productores, exportadores, banqueros y vendedores de agroquímicos, existe también otro ente que lo demanda: se trata nada menos que del Fondo Monetario Internacional (FMI). Era de esperarse que ese organismo financiero internacional protestara la aprobación de esa legislación que, de haberse constituido en ley de la República, hubiese causado más perjuicios que beneficios. El veto, por consiguiente, se ha convertido en algo indispensable para que el Gobierno pueda alcanzar un nuevo acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional.
La posible solución de corto plazo del problema cafetalero vuelve entonces a descansar en la propuesta que hizo el Gobierno el 19 de abril de financiarle a los productores hasta 25 dólares por quintal exportado para que puedan pagar sus habilitaciones pendientes y las cuotas de largo plazo que vencen este año. Es obvio, sin embargo, que el problema de mediano y largo plazo del aromático producto persiste, ya que obedece fundamentalmente a un problema de bajos precios internacionales como consecuencia de una sobreproducción mundial.
Pero como sucede por lo general con toda crisis, el aprieto en el que se encuentra el sector cafetalero genera también oportunidades y retos, y está motivando tanto a los productores como al Gobierno a buscar soluciones reales en vez de descansar en soluciones coyunturales. Es así que ahora vemos a representantes de los caficultores anunciar la creación de una fundación del gremio que contará con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Gobierno de los Estados Unidos, y también a funcionarios del Ministerio Agropecuario y Forestal (Mag-For) anunciar la formación de un equipo que trabajará en la planificación de una estrategia que promueva una producción más eficientemente, un mayor grado de industrialización y una comercialización más sofisticada.
Una participación gubernamental en cualquier rubro de producción es deseable, necesaria y positiva, siempre y cuando sea para eliminar trabas burocráticas y para permitirle al sector en cuestión volverse más competitivo. Lo que nunca debe hacer un gobierno es tomar acciones politiqueras de corto plazo que creen la ilusión en la mente de los productores de que es posible permanecer en prácticas culturales y tecnológicas obsoletas y aún así pretender que, “por ley”, dicha actividad productiva continúe siendo rentable.
El mundo de la globalización llegó para quedarse. El ingeniero Julio Solórzano, funcionario del Mag-For, lo expresó claramente en una comparecencia en el Canal 2 el día de ayer cuando dijo que el mercado no se puede ajustar a nosotros, sino que somos nosotros quienes debemos de ajustarnos a él. Nos parece que esa es la mentalidad dinámica y verdaderamente empresarial que debe prevalecer en Nicaragua, ya que es la única que incita al cambio, a la modernización, a la innovación, a la disciplina, y por consiguiente, al progreso.